Caso Herrera Noble: Cámara de Casación asegura la impunidad de la apropiadora

-Exclusivo de internet

El ajetreado caso de Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos de desaparecidos y apropiados por Ernestina Herrera, propietaria del grupo Clarín, forma parte de una crisis política, de un conflicto sucio entre grupos monopólicos. El fallo reciente de la Sala II de la Cámara de Casación, que vuelve a impedir la comparación del ADN de los jóvenes secuestrados con el banco de datos de desaparecidos es otra manera, por un lado, de asegurar la impunidad de la apropiadora y, por otro, de conformar a medias a los demandantes vinculados con el gobierno, enfrentado como se sabe con el grupo de Noble y Magnetto, sus aliados hasta hace poco tiempo.

La Cámara dispuso que las muestras de ADN, que deben extraerse de los jóvenes apropiados, sólo podrán compararse con el de personas “desaparecidas con certeza” hasta el 13 de mayo de 1976 en el caso de Marcela, y hasta el 7 de julio del mismo año en el caso de Felipe. ¿Por qué esas fechas? Porque son las que corresponden a la “adopción” de ambos, según figura en el trámite por el cual se los “adoptó”. No obstante, ese expediente es falso de toda falsedad, un fraude. Ya en 2002, el entonces juez Roberto Marquevich había encontrado seis irregularidades en ese trámite, hecho por Ernestina Herrera en el juzgado de menores Nº 1 de San Isidro, que en 1976 estaba a cargo de la jueza Ofelia Heit.

Luego de una serie de recursos presentados por Abuelas de Plaza de Mayo, la Cámara emitió una aclaratoria que extiende mínimamente los límites para el cotejo, pero aún así la comparación será inútil.

La aclaratoria de la Cámara dice: “Mientras no se ponga en duda la fecha registrada de iniciación de los expedientes no se justifica la necesidad de comparar los perfiles de ADN obtenidos de las muestras aportadas al Archivo Nacional de Datos Genéticos por parientes de personas detenidas o desaparecidas -con certeza- en fechas posteriores…” a las indicadas anteriormente. Es una chicana burda, porque todo el asunto tiene una solución muy sencilla: se comparan las muestras de ADN de los dos jóvenes secuestrados con todas las de desaparecidos registradas en el banco de datos genéticos. Ese paso tan simple es sistemáticamente negado por el tribunal, de modo de asegurar la impunidad de la secuestradora.

Ahora, el fallo de Casación será apelado ante la Corte Suprema, que no tiene plazos para expedirse y, mientras no lo haga, las muestras compulsivas de ADN no se le podrán ser extraídas a los apropiados. Por eso, la compulsividad que tanto disgusta a los abogados de la dueña de Clarín, no sirve de nada. Es más, terminará por favorecer a la apropiadora.

Otra vez, como en el caso Schoklender, la delicadísima cuestión de los desaparecidos, la recuperación de niños secuestrados cuando eran bebés o estaban aún en el vientre materno, y el castigo a los genocidas, queda supeditada a una pugna dineraria entre pulpos. En este caso, a la lucha entre el gobierno, defensor de los intereses de los monopolios telefónicos, y el grupo Clarín, que luchan por el mercado de Internet, la telefonía celular y la televisión por cable.