Con el voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, el pasado 4 de julio –un mes después de habilitar el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña– la Corte Suprema rechazó por inadmisible el recurso de queja que el Estado Nacional, representado por el Consejo de la Magistratura, presentó para discutir la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social que, por mayoría, había habilitado que Jaime Smart cobrase jubilación de privilegio por los años que ejerció como juez. Smart fue ministro de Gobierno del gobernador de facto Ibérico Saint Jean de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1981. En ese entonces, Ramón Camps estaba al frente de la policía. Esta tríada fue responsable por lo más cruento de la represión genocida en territorio bonaerense.

 

Con este fallo, el genocida Jaime Smart cobrará una jubilación de privilegio por su actuación de juez de Cámara en un tribunal especialmente creado a principios de los 70 para tratar denuncias contra militantes sociales perseguidos. Smart fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante su gestión como ministro. Fue nombrado fiscal en el año 1968 como fiscal por el dictador Juan Carlos Onganía. En 1971, el gobierno militar de Roberto Levingston lo promovió como juez de la Cámara Federal porteña –el “Camarón”–, creada para perseguir opositores políticos. Por esos tres años de camarista reclamó Smart al Estado, en una demanda que le presentó en 2006, una jubilación de privilegio. La demanda del genocida se basó en la aplicación de la ley 24.018, que regula las jubilaciones y pensiones. “Los retroactivos de ese beneficio habilitan a Smart a cobrar en la actualidad 12 millones de pesos, según el cálculo del abogado José Ignacio López, quien denunció la decisión de la Corte” (Página/12, 26/7).  

 

Varios años después, y por fallo dividido, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social le dio la razón. La Corte acompaña ahora en el mismo sentido.

 

En democracia, Smart fue abogado defensor del represor Albano Harguindeguy y del ex policía Samuel Miara, genocida y apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa. En 2009, se convirtió en el primer civil en ser encarcelado mientras la Justicia lo investigaba como responsable del secuestro y tormentos del periodista Jacobo Timerman y de la desaparición del abogado Rodolfo Gutiérrez en 1978, en San Isidro. Fue condenado a prisión perpetua por responsable del homicidio agravado de Jorge Rubinstein en CCD Puesto Vasco y de privación ilegal de libertad y tormentos en 57 hechos, en Puesto Vasco en el juicio que se denominó Circuito Camps y también en el 2014 en el juicio por el Centro Clandestino de Detención La Chacha.

 

Este privilegio se otorga mientas la mayoría de los jubilados cobra jubilaciones de miseria Ningún beneficio a ningún genocida!