El juez Gustavo Villanueva, que tiene a su cargo la causa por el asesinato de Rafael Nahuel tras la represión en el predio de Villa Mascardi, ordenó la detención de los militantes mapuche Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes habían auxiliado a Nahuel el día en que fue herido de muerte por la Prefectura.

Se trata de una criminalización de las víctimas. Huala y González ya habían sido detenidos tras la represión con balas de plomo del grupo Albatros, bajo las acusaciones de “invasión a la propiedad” por el ingreso al predio de Mascardi y de agresión a la autoridad. Lograron su liberación provisional en diciembre pasado, pero un escandaloso fallo de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la excarcelación. Esa resolución, en la que intervino el presidente de la Cámara, Eduardo Riggi (vinculado al Opus Dei, y cuyo nombre trascendió por las escuchas del caso Mariano Ferreyra, donde era mencionado como “el amigo Eduardo” por los interlocutores de José Pedraza durante la tentativa de soborno para liberar a sus patoteros), es particularmente grave porque les imputa “atentado al orden constitucional y a la vida democrática”, una denominación genérica y arbitraria que sirve como precedente contra cualquier lucha popular.

El juez Villanueva, por su parte, es el mismo que ordenó la extradición a Chile de Facundo Jones Huala (hermano de Fausto), a medida de los apetitos del gobierno nacional. Recordemos que el primer proceso contra el líder mapuche directamente fue anulado porque se arrancaron testimonios bajo tortura.

Mientras se persigue a las víctimas de la represión en Villa Mascardi, no se usa la misma vara con los asesinos de Nahuel. Sólo se encuentra detenido el prefecto Francisco Javier Pintos, sindicado por la querella como el autor de los disparos que mataron a Rafita.

Como en el caso Maldonado, el gobierno salió desde el primer momento a defender cerradamente el accionar de las fuerzas represivas ante el crimen de Nahuel. Ese blindaje obedece a la función de esas fuerzas como garantes de un proceso de acaparamiento de tierras y recursos naturales por parte de grandes grupos empresarios. En esa línea debe leerse también la reintroducción de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna.

Repudiamos la orden de detención contra Huala y González.