En el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, en referencia a los juicios contra los genocidas, CFK aseguró que “hay más de 900 condenados por delitos de lesa humanidad”. Sin embargo, los números no se corresponden con la realidad según los propios datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, las fiscalías que llevan adelante esos procesos.

 

Desde la reapertura de causas, en 2006, se llevaron adelante 134 procesos judiciales. Pero la mayor parte de esos juicios se producen contra un puñado de genocidas y por muy pocas víctimas. Es decir, a cuentagotas.

 

Lo cierto es que, a la fecha, la cantidad de genocidas condenados llega sólo a 554, la mitad de los 900 citados por la Presidenta. Además, sólo se encuentra firme el 16% de las sentencias, puesto que todavía no agotaron las vías recursivas (Cámaras de Casación Penal y/o Corte Suprema). Los tiempos que insumen las apelaciones garantiza la impunidad de los genocidas. De ellos, el 40,50% goza del beneficio de prisión domiciliaria. Muchas de estas sentencias, además, esconden condenas irrisorias. A esto se agrega que más del 10% de los genocidas que fueron juzgados hasta ahora resultaron absueltos por uno o varios de los crímenes que se les atribuyen. Entre ellos se encuentran represores connotados, como Luis Orlando Perea (La Cacha) o Juan Carlos Rolón (en el segundo tramo de Esma).

 

Por otra parte, la cantidad de sentencias no necesariamente coincide con la de condenados. Los imputados, en muchos casos, se repiten. Ninguno de estos genocidas fue juzgado hasta ahora por la totalidad de los delitos que se les atribuyen (por ejemplo, los delitos sexuales).

 

La impunidad también se expresa en los nulos antecedentes de condenas por el delito de genocidio, tal como lo reclamamos desde la querella colectiva de Justicia Ya!, que integramos desde Apel.

 

En sintonía con la fragmentación denunciada, quedan un sinnúmero de casos, como la masacre de San Patricio, delitos sexuales, y muchos compañeros que deberán esperar varios años más para que sus casos lleguen a la instancia de juicio oral.

 

El Estado nacional no ha aportado prueba alguna ni tampoco ha abierto los archivos de la dictadura. Las pruebas fueron conseguidas y ofrecidas íntegramente por víctimas, familiares y organismos de derechos humanos.

 

Mientras el gobierno nacional sostiene al frente del Ejército al genocida César Milani y mantiene al buche del Batallón 601 Gerardo Martínez como aliado estratégico entre la burocracia sindical, los luchadores nos movilizaremos el próximo #24M junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a Plaza de Mayo.