Dos fallos recientes muestran que existe una política de absolución y blanqueo de la política represiva oficial.

Berni sobreseído

La jueza federal de San Martín, Sandra Arroyo Salgado, dictó el sobreseimiento de Sergio Berni en una causa en la que se encontraba acusado por la privación ilegítima de la libertad de 68 personas que participaron de un piquete sobre la Panamericana en agosto de 2012. Berni ordenó detener y trasladar a la Unidad Militar de Campo de Mayo a hombres, mujeres y niños cuando se retiraban en un micro. La denuncia contra el secretario de Seguridad fue radicada por los organismos de derechos humanos que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

En su fallo, Arroyo Salgado sostiene que los manifestantes fueron detenidos “cuando intentaban huir”. Sin embargo, la misma jueza había dictado antes el sobreseimiento de los manifestantes, por considerar que no se podía determinar que hubieran cometido un delito. Como mínimo, a Berni le cabría la figura de abuso de autoridad. Arroyo Salgado miente cuando afirma que Berni actuó de acuerdo a un supuesto “protocolo”, pero el único “protocolo” emitido por el Ministerio de Seguridad prohíbe expresamente el traslado de detenidos en otros vehículos que no sean patrulleros o camiones celulares, y que éstos sean alojados en centros no habilitados a tal efecto.

La orden de sobreseer a Berni llega desde el poder político, que lo fogonea incluso como candidato para 2015. Los organismos del Encuentro apelaremos a la Cámara.

Proyecto X

Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello dictó la falta de mérito para dos oficiales de Gendarmería Nacional en la causa del Proyecto X.

Se trata del gendarme Elizabeth Calisaya y el primer alférez Raúl Scheuerman. Ambos se infiltraron en protestas de los trabajadores de Kraft. Para el juez, no existirían elementos probatorios suficientes, aunque ordena seguir investigando “el modo en que la Gendarmería reúne y reproduce la información”. Casanello presupone que las actuaciones de los dos gendarmes “habrían estado fundadas en órdenes judiciales”. La información obtenida por éstos mientras se hacían pasar por periodistas fue utilizada para procesar a delegados, trabajadores y dirigentes. La Justicia no se pronunció aún sobre la criminalidad de fondo del Proyecto X, a pesar de todo el material sobre el espionaje y la infiltración, que fue hallado en poder de la Gendarmería Nacional.

La existencia del Proyecto X fue reconocida por el ex jefe de la fuerza, Héctor Schenone, cuando Nilda Garré se encontraba a cargo del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, Casanello afirma que todavía debe clarificarse “si existieron directivas previas de la jefatura”. Es obvio que la infiltración de Calisaya y Scheuerman responde a una política de Estado.