A fines de marzo y comienzos de abril, tras un mes de desarrollo de la histórica huelga de Salud, en la que tanto el Partido Obrero como el Polo Obrero apoyamos incondicionalmente la distintas actividades resueltas, comenzaron a llegar a una docena de dirigentes y militantes de ambas organizaciones, las citaciones a indagatoria de parte del Juzgado y la Fiscalía Federal de Zapala. En los imputados están el compañero Cesar Parra, concejal y dirigente del Partido Obrero y el Polo Obrero; Lautaro Palma Parodi, secretario adjunto de Aten Zapala, y grandes compañeros/as del Partido Obrero y el Polo.

La circunstancia que los hechos imputados se produjeron en el año 2019 muestra la clara intencionalidad de persecución política que tiene la activación de las dos causas.
Previo a la pandemia, en el 2019, el aumento de la desocupación en la zona central de la provincia marcaba registros récord, así como el incremento de la miseria social. Por lo que el reclamo de trabajo bajo convenio, en una ciudad que tenía adjudicadas varias obras públicas en el presupuesto de ese año, era un reclamo de estricta justicia.

Sin embargo el gobierno provincial del MPN y el local (en ese entonces en manos del Frente Grande), en complicidad con la patria contratista optaban por permitir bajo sus narices el trabajo precario o en negro en las obras o el otorgamiento clientelar de la ayuda social. El reclamo en los términos del Polo Obrero era inadmisible para los gobiernos, y rechazaron todo tipo de reclamos por nota, reuniones, etc., previas al piquete.

Luego de todo un proceso de movilizaciones al municipio y Acción Social, se decidió la instalación de los piquetes por los cuales hoy, un año y medio después, se nos pretende enjuiciar.

La demonización del piquete

Hace dos años la intendencia del Frente Grande, y ahora la del MPN, así como la Gendarmería y las instituciones oficiales, trataron de presentar un panorama de caos y desabastecimiento. La propia fiscal Federal dice en su imputación que el día 23 de setiembre de 2019 recorrió comercios, estaciones de servicio, bancos, farmacias y otros lugares, para constatar la situación. De su propio escrito surge que, prácticamente en el 100% de las consultas que hizo, la respuesta fue negativa respecto a que faltaran mercancías o insumos. No obstante, y a pesar de mencionar que los supermercados estaban cerrados por ser el día del empleado de comercio y no pudo verificarlos, la fiscal afirma que “le consta el desabastecimiento de los mismos por comentarios de vecinos”.
Pero además, a pesar de reconocer que la jurisdicción provincial no adhirió al “Protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad” de Bullrich, la fiscal se permite aplicarlo para “acompañar una nueva mirada de bienestar social”.

No había desabastecimiento, se toma de un “Protocolo” que no debería aplicar al caso. Tal es la “seriedad” con que la parte acusadora pretende fundamentar los supuestos estragos económicos y sociales causados por el Polo Obrero.

Esto solo, ya pinta de cuerpo entero que se trata de una causa amañada, con fundamentos forzados y que tomó impulso en plena huelga de Salud. Las citaciones son, precisamente, contemporáneas al día en que los autoconvocados de Salud instalaron el primer piquete en Arroyito el 1º de abril.

Una fiscal que para acusar afirma que no verificó, pero que le “consta”, no es una contradicción legal, es una afirmación política de su intención punitiva contra el reclamo social. Es a la luz de estos hechos que hay que valorar la tozudez de las y los autoconvocados de Salud para que no se tomen represalias ni administrativas, ni penales contra su lucha.

Y es a la luz de estos hechos que hay que contextualizar la “venganza” del gobierno del MPN de retacear la ayuda a los merenderos y a los programas de las organizaciones sociales que apoyan la huelga de Salud. Sin pasar por alto que otros dos militantes del Partido Obrero han sido imputados en otra causa en la ciudad de Chos Malal por el Juzgado Provincial.

Conferencia de prensa y campaña

Hemos tomado la decisión de lanzar una campaña de pronunciamientos por el archivo de las causas y la anulación de las mismas, en todos los lugares de trabajo y estudio, en la convicción que derrotar este intento regimentador del Estado es una victoria para el conjunto de las luchas.

Las características de la campaña y los detalles de las causas serán puestas a la consideración pública y de las organizaciones el próximo 4 de mayo en una conferencia de prensa que contará con la presencia de los dirigentes del Partido Obrero, el concejal César Parra (imputado en una de las causas) y la diputada Patricia Jure, otras/os imputados en las causas, los que estarán acompañados por la abogada defensora Liliana Alaniz de Apel (asociación profesionales en lucha).

La campaña tendrá ribetes regionales, pero también a nivel nacional e internacional. El derecho a luchar es el primer y natural derecho de los que solo tienen sus brazos para poner un plato de comida en la mesa de sus hijas/os.

¡Archivo de las causas penales contra integrantes del Polo y el Partido Obrero en Zapala!
¡Ninguna causa por luchar por trabajo y salarios!