Los crímenes cometidos por el Ejército durante la represión al copamiento del cuartel de La Tablada serán juzgados por primera vez a partir de hoy en la persona del ex general Alfredo Arrillaga, condenado ya por cinco crímenes de lesa humanidad, acusado por el homicidio de José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos del Movimiento Todos por la Patria, quién había sido capturado vivo por los militares.

La captura de Díaz fue retratada por el fotógrafo Eduardo Longoni. Junto a otro integrante del MTP, Iván Ruiz Sánchez, se entregaron durante el primer día del copamiento, lo cual fue registrado por las cámaras de la televisión española. Ambos permanecen desaparecidos, al igual que Carlos Samojedny y Francisco Provenzano, quienes se entregaron el segundo día.

En 2014, en un fallo dividido y con el voto en contra de Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt, la Corte Suprema revocó el sobreseimiento por prescripción que había dispuesto la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín. En rigor, los jueces ordenaron cumplir un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró en 1997 al Estado responsable y "recomendó" investigar los hechos ocurridos entre el 23 y el 24 de enero de 1989. Los sobrevivientes acusaron a las fuerzas que actuaron en la recuperación del cuartel (Ejército, Policía Federal y bonaerense) de torturas y por la ejecución sumaria de al menos 20 personas. En total, murieron 32 guerrilleros, nueve militares y dos policías.

Las audiencias se extenderán hasta finales de enero. Está prevista la declaración de unos 50 testigos. Entre ellos, militares y suboficiales y sobrevivientes del MTP. 

El asalto al Regimiento de Infantería Macanizada (RIM 3), liderado por el ex dirigente del PRT-ERP Enrique Gorriarán Merlo, tuvo el propósito de defender al gobierno de Raúl Alfonsín de un supuesto golpe carapintada. Alfonsín, tras verificar que no se trataba de un nuevo levantamiento militar sino de la aventura de un grupo izquierdista, dio vía libre a la masacre.

Como dice Sergio Díaz, uno de los sobrevivientes, “después de la rendición empezó el aquelarre”. En efecto, después de horas de pedir la rendición sin respuesta del otro lado (“nos están matando”, dijo una de las militantes del MTP por radio), cuando finalmente les fue aceptada la capitulación, se instaló en el cuartel una sala de tortura; después, varios compañeros fueron fusilados (se simuló muerte en combate, aunque se los vio vivos después de rendirse) y otros cuatro hechos desaparecer. Arrillaga usó contra ellos bombas de fósforo, prohibidas por la convención de Ginebra. Como contrapunto, el entonces comisario Juan Pirker, jefe de la policía bonaerense, afirmó que él hubiera recuperado el regimiento en dos horas utilizando gases lacrimógenos. Los militares utilizaron el fracasado asalto para volver a ocupar la palestra política. Contaron con la complicidad de Alfonsín y de todas las fuerzas políticas patronales. Incluso gran parte de la izquierda repudió en términos policiales el ataque del MTP, sin decir palabra sobre la masacre posterior.

La investigación judicial por las torturas, desapariciones y fusilamientos cometidos durante la recuperación no avanzaron. Por la toma hubo tres juicios a los integrantes del MTP que participaron del hecho. Fueron condenadas 23 personas a penas de prisión perpetua y a 11 años de prisión. 

Además de Arrillaga, sindicado como coautor del homicidio de Díaz por haber comandado el desalojo, los familiares denunciaron al teniente Jorge Varando, quien falleció impune. En diciembre de 2001, como jefe de seguridad del banco HSBC, Varando dio vía libre a la represión desde la sede de Chacabuco y Avenida de Mayo, en cuyas inmediaciones fue asesinado Gustavo Benedetto.

Que el inicio del juicio coincida con el 35 aniversario de la asunción de Raúl Alfonsín de la presidencia constituye un retrato cabal del régimen que encabezó el caudillo radical, un tránsito pactado con los genocidas y auspiciado por el imperialismo que años antes había saludado el golpe de Videla y Massera. El “padre de la democracia” gobernó con los Arrillaga y los Varando –como sus sucesores lo harían con los Rolón, los Pernía y los Milani.

El Partido Obrero exige el completo esclarecimiento de aquellos hechos y el castigo a todos los culpables de restaurar, con aquellos métodos, el terrorismo de Estado.