El atroz crimen de los cuatro jóvenes en San Miguel del Monte ha puesto de relieve la profunda descomposición de la Policía Bonaerense. A la indignación que generó la cruenta persecución y balacera contra un grupo de adolescentes -expresión de la doctrina Chocobar de gatillo fácil promovida por Patricia Bullrich- se suman ahora revelaciones en la causa que esclarecen el por qué de esta masacre.

Entre los nuevos detenidos, que se suman a los ocho uniformados ya arrestados, se encuentran el Secretario de Seguridad del municipio, Claudio Martínez, y el teniente primero y jefe de calle de la comisaría local, Héctor Enrique Angel, conocido como “El Pipi Ángel” y al parecer famoso por su accionar como coimero y transa de la droga. También aprehendieron a un subcomisario, a un oficial inspector y a una oficial ayudante.

La hipótesis que se investiga, y que cobraría cuerpo con estas detenciones, es que los cinco jóvenes que iban en el Fiat 147 presenciaron una movida de un grupo de policías relacionada a la venta de droga, hecho de desató la violenta persecución de la cual participaron tres patrulleros. También se supo que antes de los disparos y de que el Fiat colisionara contra un camión, lo había embestido uno de los móviles policiales. Se confirma que la intención era frenarlo como fuera, y el trágico final no fue en ningún aspecto fortuito. Encaja en este cuadro también la denuncia de que el joven que conducía había sido víctima de aprietes y tenido que pagar coimas a efectivos policiales días antes de este hecho.

El encubrimiento orquestado contaría, además del accionar de los policías alterando la escena del crimen y aportando testimonios falsos, con el desempeño del encargado municipal de seguridad y de la intendenta, la massista Sandra Mayol, quien se apareció en el hospital donde habían trasladado a los jóvenes antes que se confirmara la noticia que no se trataba de un accidente. Al operativo hay que agregarle también las amenazas que recibieron testigos, como denunció el periodista Nicolás Ramírez. El poder político jugó para intentar preservar a la Policía y evitar que la masacre saliera a la luz como lo que fue.

El caso de la Policía de Monte no “mancha el uniforme”, como aseguró el Ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, sino que es un fiel reflejo del modus operandi de la “maldita policía”, como popularmente se la llama desde hace algunas décadas –y con razón. Se trata de una estructura podrida, garante del narcotráfico y el crimen organizado, que hostiga y persigue a la juventud y la población en general, y para preservarse se vale de la carta blanca para matar que le dio el Estado con la resolución 956/18 de Bullrich, que institucionaliza el gatillo fácil.

Ritondo buscó, con Vidal, invertir la realidad para mostrar una gestión al frente de Seguridad que habría avanzado en el “desmantelamiento de las mafias”, aduciendo una purga sin precedentes de en la Bonaerense. A poco de terminar su mandato, la trama de crimen y encubrimiento de Monte sirve para refutar de plano esa estafa. La podredumbre de esta fuerza la ha llevado a salir en forma recurrente en tapa de los diarios, sea por la aparición de los sobres de las coimas en las comisarías como en la 1ra de La Plata, por las bandas delictivas con participación de jueces y comisarios como la de Melazo, por los tiroteos con la Federal cuando intentaban cobrar una coima bajo extorsión a una extranjera en Avellaneda. Días después de la masacre de Monte perpetraron un nuevo asesinato por gatillo fácil, cuando en un megaoperativo balearon una camioneta que no estaba involucrada en ningún delito, en Tres de Febrero.

La movilización y la bronca popular que despertó el crimen de los jóvenes en San Miguel del Monte se ha llevado puesto a varios, no por la voluntad del gobierno sino por su intento de despegarse. Resulta que Ritondo suena para encabezar la boleta oficialista de diputados nacionales o para relevar a Vidal a candidatearse a la gobernación si finalmente se ejecuta el plan V ante el hundimiento de la imagen de Macri. El involucramiento de la intendencia peronista en la trama de impunidad es expresión de que se trata de una política de Estado, y del conjunto de sus partidos.

La única purga que avanzará en el desarme de las mafias es el desmantelamiento de la podrida estructura de la Policía Bonaerense.