En el marco de la causa "Malugani Juan Carlos y otros s/homicidio calificado", el Tribunal Federal Nº 3 de Mar del Plata, citó a declarar a indagatoria a la ex Jueza federal de esa ciudad, Ana María Teodori, quien fuera imputada por haber indagado a dos desaparecidos que se encontraban detenidos en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (Esim).

Durante la dictadura, la ex jueza se presentó en ese centro clandestino de detención con el propósito de indagar a las víctimas, imputadas por violar la "ley antisubversiva".

Al haber asistido al centro clandestino y contactarse con los detenidos (quienes se encontraban encapuchados y engrillados), Teodori tuvo pleno conocimiento de las condiciones inhumanas e ilegales en las que se encontraban, así como de los tormentos y padecimientos propiciados por los represores.

Asimismo, Teodori se desempeñó como defensora oficial antes de su designación como jueza subrogante. En ejercicio de dicho cargo, permitió que varios ex detenidos-desaparecidos permanecieran alojados en el centro clandestino, aún después de conocer las condiciones paupérrimas y hostiles en que se encontraban, sin realizar presentación judicial alguna tendiente a revertir su situación. Sobrevivientes declararon que Teodori, también en carácter de defensora, les recomendó no denunciar los tormentos recibidos mientras se encontraban en cautiverio. A pesar de todo esto, la ex jueza no permanecerá detenida.

En Mar del Plata, este caso se suma al del ex juez Pedro Hooft, sindicado como autor de ilícitos de la misma naturaleza, y que a esta altura ya ha eludido cuatro citaciones para prestar declaración indagatoria.

En la misma causa se dispuso la detención de 19 marinos, entre ellos, integrantes de la Jefatura de Estado Mayor de la Fuerza de Tareas Nº 6, junto a otros oficiales y suboficiales, entre los cuales se encontraban elementos de la sección de inteligencia de la Base Naval. Se calcula que por la Esim de Mar del Plata pasaron 150 personas privadas ilegítimamente de su libertad, muchas de las cuales desaparecidas hasta la actualidad.

Ni Hooft ni Teodori eran excepciones. La Corte Suprema de Chile, hizo lugar al pedido de extradición solicitado respecto del ex Camarista Federal de Mendoza Otilio Romano, acusado de privación ilegítima de la libertad de 34 personas, torturas y allanamientos ilegales.

Romano huyó a Chile en 2011, cuando el Consejo de la Magistratura de Mendoza lo destituyó. Romano se reunirá en Mendoza, para afrontar el juicio por delitos de lesa humanidad, con los también ex jueces Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarre, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo.

Una vez más se demuestra el entrelazamiento entre las camarillas judiciales y los genocidas. Desde el Partido Obrero y Apel continuamos en la lucha por la profundización de la investigación a ex funcionarios judiciales, civiles y eclesiásticos que, junto a las fuerzas armadas, participaron del terrorismo de Estado con el objetivo de defender los intereses capitalistas.

Exigimos que se terminen las dilaciones oficiosas y las concesiones a genocidas y responsables intelectuales del golpe de Estado y la apertura inmediata de los archivos de la dictadura.