En la mañana del miércoles, la policía “intercultural” de la provincia de Jujuy reprimió salvajemente a las comunidades indígenas de Angosto El Perchel, Purmamarca, Huichaira y Cueva del Inca, entre otras, que protestaban desde el día 20 pasado, coordinando varios cortes parciales de la ruta nacional N°9 a la altura de la Cueva del Inca, Tilcara.

Las comunidades protestaban contra la persecución judicial y policial que sufren. Una verdadera represalia por sus denuncias sobre la actividad minera en la zona y sus consecuencias contaminantes. Se oponen en particular a la actividad de la mina a cielo abierto Chinchillas, que extrae litio.  

 

Policía y justicia al servicio de las mineras

El gobierno de Morales intenta profundizar la explotación minera en la provincia y para ello ha dispuesto de 600 mil hectáreas para dicha actividad, acompañando la iniciativa con un régimen de promoción fiscal. Las comunidades indígenas han puesto de manifiesto el enorme operativo judicial y represivo para asegurar este negocio minero e inmobiliario a costa de la destrucción del medio ambiente y la expulsión de los originarios.

La comunidad de Cueva del Inca, es una de las más hostigadas. Desde marzo 2015 el juez Sebastián Cabana impuso una medida judicial que les impide el acceso a los servicios básicos sanitarios, de luz y agua potable. Se les impide también trabajar en el circuito turístico de su territorio y la realización de actividades en su propio centro cultural, que tiene más de 20 años vida en Tilcara. Semanas atrás fueron penados con una multa de más de un millón de pesos.

Por otro lado, la comunidad indígena Angosto del Perchel reclama al gobierno provincial la construcción de un puente que unifique a la comunidad, compromiso asumido e incumplido hasta el momento por Morales. También se reclama por la persecución a la comunidad de Volcán a través del secuestro de animales.

Abajo la represión y persecución a las comunidades indígenas

La llamada “policía intercultural” jujeña fue creada por el gobernador Morales en agosto pasado y está conformada por jóvenes pertenecientes a las comunidades originarias de Puna, Quebrada, Yungas y Selva. En su debut represivo, la policía intercultural de Morales dejó un saldo de varios heridos y 6 detenidos, uno de ellos menor de edad. La demagogia de la “inclusión” de los originarios por parte de Morales no duró ni 3 meses.

Repudiamos la represión, exigimos la inmediata libertad de los indígenas detenidos, la caída de todas las causas y medidas judiciales contra ellos. Defendemos el pleno reconocimiento de sus tierras y el acceso a todos los servicios básicos y de infraestructura, como también su poder de veto ante los emprendimientos mineros junto con el control obrero de los mismos.