En Chilecito, la enorme lucha docente -con semanas de huelgas y movilizaciones autoconvocadas- logró el apoyo de alumnos y padres, que llegaron a tomar simbólicamente algunas escuelas.
Es necesaria una campaña a escala provincial y nacional por el desprocesamiento de los docentes y vecinos luchadores de Chilecito.

Frente a estos hechos, los magistrados y funcionarios judiciales de Chilecito actuaron con una celeridad muy pocas veces vista: 12 vecinos de nuestra ciudad (padres y docentes) terminaron en la Justicia acusados de “impedimento y obstaculización de ingreso a los establecimientos educativos y también por la obstaculización de libre tránsito en las arterias circundantes a las escuelas”.

El 25 de abril, la ciudad volvió a estallar. Funcionarios del Ministerio de Educación arribaron a Chilecito trayendo consigo una resolución de suspensión a la rectora de la Escuela Normal, Norma Illanes de Ticác. Esto provocó la reacción solidaria de docentes y estudiantes, lo que llevó al ministro de Educación, Walter Flores, a anular la suspensión. El recule ministerial sería momentáneo, pues volverían a la carga con todo. A partir del domingo 4, a la noche, comenzó la notificación a ocho docentes y padres que se habían movilizado en defensa de la directora por “daños a la institución y privación ilegítima de libertad”. El 6 de mayo se hizo pública la decisión ministerial de suspender a la directora de la Normal.

Incluso, se conocieron varias resoluciones judiciales que ordenaban a varios ciudadanos de Chilecito “no acercarse a la escuela Normal”, entre ellos a Carlos y Alvaro Illanes, y hasta la docente Carolina Ticác, quien trabaja en la misma escuela que la Justicia le prohibió ingresar, y aunque en su caso luego se retractaron, la imputación sigue. Hermanos e hija de la rectora suspendida.

Con este ataque se pretende escarmentar no solo a la docencia de Chilecito y a los sectores populares que salieron en su apoyo, sino también a Norma Illanes, quien es hermana del principal testigo contra Milani en la causa del soldado Ledo.

Entre los imputado se encuentra también Pedro Carrizo, apoderado del Partido Obrero y unos de los principales dirigentes autoconvocados docentes.

Se ha formado una comisión de cinco abogados que están interviniendo en la defensa de los luchadores. La comunidad de Chilecito ya realizó dos marchas en repudio a esta escalada represiva. La juventud estudiantil también se ha movilizado frente a los tribunales.

Partido Obrero (Chilecito)