La Corte Suprema resolvió que la justicia de Lomas de Zamora estará a cargo de investigar las denuncias de los ex tercerizados Diego Cardías y Ariel Pintos. Ambos son actualmente obreros de planta permanente del Roca. Fueron víctimas del ataque criminal de la patota -Pintos fue herido de bala en una pierna- y declararon en el juicio oral por el crimen de Mariano. Denunciaron que fueron amenazados en tres oportunidades”. Sus denuncias habían quedado en un limbo legal, entre la justicia provincial y el juzgado que tiene a su cargo Wilma López. La Corte le dio la razón a la fiscalía de Lomas de Zamora.

Cardías denunció primero que Pablo Díaz -jefe de la Comisión de Reclamos del Roca- le dijo: “si vos no te quedás en el molde, vos sabés lo que te puede llegar a pasar. De ahora en más acátate a las reglas de la empresa, no te la pongas en contra, que va a ser peor para vos”. Más tarde, denunció recibió un llamado a su celular en el que le dijeron que “si hablaba, lo iban a matar”. Por último, Cardías también denunció que un delegado de la Unión Ferroviaria, Antonio Medina, le dijo, en presencia de Pintos, que “dejara de hacer política en el trabajo contra su gremio o habría consecuencias”.

Aproximadamente una docena de testigos y víctimas de la causa que investiga el crimen de Mariano sufrieron amenazas. Todas fueron puntualmente denunciadas ante la justicia, pero ninguna de ellas fue esclarecida hasta ahora, incluido el secuestro de Alfonso Severo.