Culminada la ronda de alegatos de las defensas de la patota, es posible resumir sus lineamientos generales. En todos los casos, solicitaron la absolución de sus defendidos. La línea argumental fundamental, coordinada entre los defensores, se redujo a lo siguiente: como la convergencia de tantos actores distintos en el establecimiento de un plan criminal contra los tercerizados es una posibilidad absurda, la tesis central de la querella -que sostiene precisamente eso- es falsa, y el reclamo de cadena perpetua para los acusados está fuera de lugar. Lo que ocurrió -dicen los defensores- fue un enfrentamiento ‘en riña’. La única voz que desentonó de este coro fue la de la defensora de Favale, para quien el barrabrava fue el ‘chivo expiatorio’ de Pedraza y los ferroviarios, a los que llamó “los verdaderos culpables”.

Los lineamientos que esgrimieron las defensas fueron desarrollados por el defensor de Juan Carlos Fernández, Alejandro Freeland. Se trató de un relato verdaderamente delirante, pues negó toda la prueba que muestra claramente que los tercerizados y las organizaciones que los acompañaban se estaban retirando del lugar, para presentarlos como un grupo de choque beligerante, que tenía el objetivo explícito de provocar homicidio en riña. La exposición de una aberración semejante debería ser suficiente para que Freeland se aleje de un estrado judicial, pero esta línea negacionista fue reeditada y alimentada por cada uno de los defensores que lo sucedieron incluido un defensor oficial, Claudio Armando. La expresión de esta co-defensa coordinada (incluido el abogado Armando) es una muestra de que quienes dirigieron el plan criminal hoy dirigen en términos ideológicos la defensa de todos los imputados. Los argumentos de Freeland -de que no hubo intención de aleccionar a los tercerizados- contrarían a la Cámara de Apelaciones Criminal, que confirmó el procesamiento de los acusados recogiendo nuestra argumentación al respecto. Las defensas de los instigadores Pedraza y Fernández rechazaron que éstos tuvieran interés en impedir el ingreso de los tercerizados, alegando que eso no ponía en riesgo su continuidad en la dirección del gremio -como se habría demostrado con la victoria de la Verde (lista pedracista de la UF) por un porcentaje mayor luego del ingreso de los tercerizados. Nuestra querella había demostrado lo contrario, en base a las escuchas obrantes en la causa y a la admisión de este temor por parte de Pedraza en su indagatoria -no en especulaciones, como las que exhibió la defensa. En una de las ‘escuchas’, Fernández explicita a su interlocutor su preocupación de que el ingreso de los tercerizados pueda dar lugar a un proceso similar al del subterráneo porteño, y a la formación de un ‘sindicato paralelo’. “No importa que no les den la personería -dice Fernández en esa grabación, que consta en la causa-, te juntan 500 tipos y te cortan la vía”. La defensa de las patotas minimiza el problema de los tercerizados, cuando sabe que era el pilar de todo el sistema de explotación ferroviaria. Estos motivos económicos explican la participación en el plan de los empresarios y funcionarios. El punto neurálgico es negar el plan criminal. Freeland vuelve al punto recurriendo a la ironía: “La UF avisó al gobierno y a la empresa. ¿Avisaron que iban a matar? ¿No es más razonable pensar que no había ningún plan?”. Freeland quiere sustituir las pruebas por un argumento. Por otra parte, de acuerdo con los defensores, la presencia de los imputados en el lugar de los hechos, los llamados telefónicos cruzados entre ellos, su aparición en videos y fotografías, los testimonios que los señalan, sus motivaciones y las pericias, no serían pruebas e indicios contra ellos sino una espectacular combinación de casualidades y de animosidad en su perjuicio.

Contra esta nebulosa de excusas y palabras, nuestra querella llegó al concepto del plan criminal, a partir de las evidencias que dejan las pruebas. Este es el método que vale en un debate judicial. Las defensas están desafiando al tribunal. Esto se manifestó primero en la jornada inicial de los alegatos, con el ‘faltazo’ de Lompizano que motivó la suspensión de la audiencia. Continuó con la advertencia de Freeland, de que aceptar la existencia de un ‘plan criminal’ sería aceptar la ‘versión trotskista’ de los hechos. Por último -aunque esto no agota la lista- el defensor del comisario Mansilla esgrimió el “apoyo institucional y ministerial” que recibieron los policías, e incluyó las elogiosas declaraciones de Aníbal Fernández al accionar policial del 20 de octubre de 2010, para solicitar la absolución de su defendido y del resto de los policías. El defensor también recordó a todos que Fernández era el jefe político de la Federal al momento de los hechos. Esto lo señalamos en nuestro alegato, por eso solicitamos que se investigue a Fernández. El defensor, en cambio, lo cita para exculpar a los policías imputados. La fiscal, recordemos, acusó a los policías por ‘abandono de persona’. Lo que emerge de las pruebas ventiladas en el juicio es que hubo un plan instigado por Pedraza y Fernández para aleccionar a los tercerizados por medio de un ‘castigo ejemplar’ -que incluyó varias armas de fuego-, porque sus movilizaciones estaban poniendo en riesgo los negocios montados por la burocracia y los empresarios en torno a los subsidios estatales, en connivencia con funcionarios públicos, y el control político del gremio. En ese plan criminal, el aporte de la Policía Federal fue decisivo.