Hoy a las 14, la Red de Organizaciones Contra la Violencia Institucional (ROCVI) realizará una Conferencia de Prensa en la Legislatura Porteña y denunciará distintos hechos aberrantes e ilegales protagonizados por distintas fuerzas de seguridad hacia Organizaciones Sociales y Políticas, y a vecinos de la Villa 21-24 y Zavaleta, principalmente jóvenes.

Estarán presentes legisladores de distintos bloques y referentes de derechos humanos y numerosas organizaciones sociales y políticas. 

Días atrás, Ezequiel Villanueva Moya (15) e Iván Navarro (18) de La Garganta Poderosa, sufrieron torturas y simulacro de fusilamientos, pero no son los únicos casos. En las últimas semanas ocurrieron nuevos hechos: 

– Un joven de 18 años, vinculado a un Espacio Musical y Creativo, fue detenido, golpeado, obligado a desnudarse en varias oportunidades frente a policías y presionado a firmar papeles en blanco. 

– Una familia de Zavaleta fue violentamente golpeada  y amenazada por la Gendarmería Nacional. 

– Otro joven del barrio de 18 años, al salir de un cumpleaños en una localidad de Provincia de Buenos Aires, fue golpeado y violado por efectivos de la Policía Bonaerense, apareciendo posteriormente en el barrio de Retiro. 

Las organizaciones también denuncian el carácter “selectivo” de la represión:

– Se realizan trabajos de inteligencia y hostigamiento a referentes, Organizaciones Sociales y Políticas.  Policías Federales se presentan sin sus identificaciones y piden violentamente la nómina de los integrantes de las organizaciones. 

– Policías Federales y de la Prefectura Naval golpearon a trabajadores de la Casa de la Cultura de la Villa 21-24, se los llamó por sus nombres (sin que estos se los hayan dado) y se los amenazó diciéndoles cuales eran los medios de transporte que usaban y que los iban a volver a ver. 

– Reprimen actividades culturales como ocurrió con La Corriente Villera, el Partido Obrero y otros espacios culturales.

Exigimos:

La sanción de una normativa que determine la obligatoriedad de la identificación del personal de las fuerzas.

La existencia de un registro público de qué efectivos están afectados a cada barrio.

El cese de las tareas de inteligencia desarrolladas por las fuerzas de seguridad sobre las organizaciones sociales, culturales y políticas.

El cese de detenciones arbitrarias.

El castigo efectivo a los ejecutores y los responsables de estas prácticas.

El cumplimiento de los derechos humanos y las garantías constitucionales de privacidad, libertad y reunión.

El cese de las prácticas de tortura.

¡Basta a las detenciones arbitrarias!

¡Basta de allanamientos masivos!

¡Basta de militarizar nuestros barrios!

¡Basta de torturas y gatillo fácil!