Ley “antimotochorro” en Tucumán: Manzur refuerza a una policía criminal

Y abre otra caja negra de coimas.

La llamada “Ley Antimotochorro”, aprobada este jueves 27 en la Legislatura tucumana, busca reforzar a una policía corrupta y responsable de todo tipo de atropellos contra la población, a la que nombra juez y parte en la aplicación de la norma. Y creando, con ello, una caja negra de coimas. Los únicos perjudicados serán los numerosos trabajadores que en la provincia utilizan la moto como medio de transporte.


El oficialismo impulsó esta ley en medio de fuertes cuestionamientos al aparato policial y al ministro de Seguridad, Claudio Maley, por la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza, trabajador rural del paraje el Melcho –un hecho que conmocionó a la provincia.


La ley prohíbe la circulación de dos adultos en moto durante las 24 horas del día y establece la obligatoriedad de colocar GPS (a costa de los propietarios) conectados al Ministerio de Seguridad y de utilizar chalecos y cascos con el dominio del vehículo, bajo la amenaza de multas exorbitantes.


Otro polémico artículo es el que faculta a la policía ser juez y parte en el cobro de las multas y deja al arbitrio de la fuerza las excepciones en los controles. Esto recoge lo que dicta el código contravencional local heredado de la dictadura, que ya fue declarado inconstitucional en 2010.


Un tercer aspecto, que finalmente fue eliminado del proyecto por pedido de las patronales, fue el de exigir que las estaciones de servicios se conviertan en órganos de contralor para restringir la venta de combustible a moto vehículos que no presenten los papeles al día. La ley manda a que lo recaudado por multas se destine a “reequipar” a la policía -el eufemismo para una caja negra sin control.


Todas estas medidas están reñidas con las libertades democráticas elementales de la población, incluso reconocidas por derecho en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, desde la libre circulación hasta la protección de la intimidad.


El problema de la inseguridad no se resolverá con prohibiciones absurdas. Cualquier especialista en seguridad ya avizora que la modalidad cambiará al robo “piraña” (obstrucción del peatón entre varios) o al arrebato en auto. Por otro lado, el delito organizado y el narcotráfico siguen gozando de buena salud con la protección del Estado.


El gobierno de Juan Manzur aprovecha la cuarentena para reforzar el aparato represivo.  Lo necesita para enfrentar las luchas que se avecinan ante el aumento de la pobreza y la miseria en las barriadas. A su modo, es lo que hace el gobierno nacional militarizando los barrios.


Desde el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda-Unidad, rechazamos este nuevo intento represivo que no da ninguna solución y solo busca mayores elementos para reprimir a los trabajadores.


Desmantelar el aparato represivo se revela, entonces, como una medida básica y un punto de partida fundamental para discutir cómo resolver la inseguridad.

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