El viernes 18 de septiembre se cumplieron tres años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. En Buenos Aires, seis mil personas nos movilizamos a Plaza de Mayo; en La Plata, otras dos mil; a lo largo y ancho del país se calcula que hubo unas 40 actividades, radios abiertas y actos; también en el exterior, en Roma y Barcelona, se realizaron actos por la aparición con vida de López.

López fue testigo en el juicio contra un ex comisario de la Bonaerense y connotado represor de la dictadura militar, Miguel Etchecolatz, finalmente condenado a cadena perpetua. López desapareció el mismo día que sus abogados, militantes del colectivo Justicia Ya!, debían alegar en su nombre contra el genocida.

A tres años, su desaparición permanece impune. El “caso López” ha desaparecido de la agenda, tanto del gobierno como de la oposición patronal.

La investigación a cargo de la Justicia ingresó desde el comienzo en un laberinto de encubrimientos y presiones, y actualmente se encuentra paralizada.

En enero de este año fue encontrado un auto, perteneciente a un comisario del entorno de Etchecolatz, en el que López habría sido trasladado. Esto, en vez de darle impulso a la causa, precipitó la renuncia del juez Corazza, hasta entonces a cargo de la investigación. Apenas unos días atrás, tras otros nueve meses de demora, la Cámara de Casación determinó quién debía continuar con la causa, ahora a cargo del fiscal Franco. Un verdadero escándalo.

En Plaza de Mayo, además de la lectura del documento consensuado por unas 300 organizaciones, hicieron uso de la palabra los compañeros de Terrabusi, que denunciaron la represión de la que fueron víctimas y convocando a la solidaridad con la huelga. Estuvieron presentes los familiares de Luciano Arruga –el joven desaparecido hace siete meses en un destacamento policial de Lomas del Mirador– y de decenas de casos de “gatillo fácil”. Los familiares directos de López no participaron de ninguna de estas actividades. Ese día, por la mañana, compartieron la inauguración de un centro cultural en su memoria, en Los Hornos, junto al intendente de La Plata, Pablo Bruera. Bruera dedica los restantes 364 días del año a encubrir a los secuestradores y a los criminales de la Bonaerense.