Los alegatos de los policías

Ultimas audiencias en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra

El 26 de marzo concluyeron los alegatos de las defensas. Las audiencias que tendrán lugar durante la primera semana de abril serán las últimas y estarán dedicadas a la rueda de réplicas. Luego de ocho meses de juicio, muy probablemente el viernes 5 el tribunal anuncie la fecha del veredicto.


Policías


Todas las defensas de los policías negaron la existencia de un plan criminal y concluyeron sus alegatos solicitando la absolución de sus defendidos. Sus argumentos, sin embargo, fueron variados y contradictorios. Una parte de ellos se plegó a la tesis del “homicidio en riña” que levantaron los abogados de Pedraza y la patota -excepto la defensora de Favale, quien sostuvo que se trató de un ataque criminal que Pedraza y los suyos pretenden descargar sobre el barrabrava de Florencio Varela. Otro grupo de los defensores de la policía, aunque menor, reconoció que se trató de un ataque, para calificarlo de "imprevisible" y así justificar la conducta de sus clientes, a los que presentaron como abrumados por la sorpresa y por el rápido desarrollo de los hechos. Otros, directamente evitaron pronunciarse sobre la calificación del hecho o fueron ambiguos al respecto. La excepción fue la defensora de Lompizano, que alegó un híbrido de versiones contrapuestas: dijo que Mariano Ferreyra se había "autoexpuesto al peligro" al acompañar la manifestación de los obreros tercerizados y calificó a los manifestantes de terroristas ("estas organizaciones piden que se derogue la ley antiterrorista porque es lo que hacen ellos, sembrar el terror público").


Los defensores fueron incapaces de refutar el plan criminal y presentaron excusas absurdas para justificar la conducta de cada uno de sus clientes. Ninguno supo explicar por qué los policías que permanecían sobre las vías junto a la patota fueron incapaces de prever lo que se venía, por qué tenían conocimiento de que los patoteros "esperaban gente de Varela", y mucho menos por qué motivo las órdenes que partieron de la Dirección General de Operaciones de la Federal estaban dirigidas a hostilizar a los manifestantes y, finalmente, a liberar la zona de Barracas, permitir la agresión de la Unión Ferroviaria y luego cubrir la huida de los agresores.


Todos los defensores rechazaron la acusación de la fiscalía por el “abandono de persona”, afirmando que los manifestantes "no se hallaban en situación de indefensión". Esto porque los compañeros, en inferioridad numérica de uno a ocho, formaron un cordón humano para tratar de proteger a la columna que se retiraba, y se defendieron con algunos palos y con las mismas piedras que les arrojaban, mientras la patota -coordinada con los policías- los atacaba con armas de fuego.


Para justificar la pasividad policial, buscaron refugio en el llamado a ‘no criminalizar la protesta social’, con la que el gobierno encubre el sistemático complemento de la acción policial con la actuación de las patotas de la burocracia sindical y la persecución judicial que encabezan jueces y fiscales. Quien más lejos fue en el intento por ampararse en la política oficial fue el defensor del comisario Mansilla. Su abogado citó declaraciones de Aníbal Fernández -"que en ese momento tenía a su cargo la seguridad", precisó-, que todavía se encuentran publicadas, según dijo, en el blog personal del actual senador: Mariano Ferreyra "no fue muerto por la fuerza policial, la policía hizo lo que tenía que hacer". La conclusión del abogado fue que "la cabeza avaló", ya que "la conducta de los policías fue juzgada desde la misma fuerza y desde el mismo ministerio como ajustada a derecho". También reivindicó la defensa que le proporcionó a los imputados de la fuerza la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal. "Esto significa que su conducta fue avalada institucional y ministerialmente". Una verdad grande como una casa, que sólo nuestra querella había puesto de manifiesto hasta ese momento. Por estos mismos motivos que esgrime el defensor fue que, en nuestro alegato, exigimos que se investigaran las responsabilidades de Aníbal Fernández en el caso.


La mayor parte de las defensas de los policías ‘se quejaron’ de la instalación pública de la causa, de su repercusión en los medios, de las manifestaciones populares en reclamo de justicia -incluida la actividad de los estudiantes del profesorado estatal donde Lompizano todavía dicta clases- y la proliferación de blogs y páginas de Internet referidas al caso. Lo mismo hicieron los defensores de Pedraza y su patota. Todos ellos hubieran preferido un proceso opaco, sin movilización de la opinión pública, sin manifestaciones de apoyo, para negociar la impunidad tras bambalinas.


La hora del veredicto está próxima, y la condena de Pedraza depende, más que nunca, de la movilización popular.