-Exclusivo de internet

En los últimos días se habló mucho en Mendoza sobre los derechos humanos a raíz de la muerte del joven Matías Quiroga en un intento de asalto a un blindado en la localidad de Godoy Cruz. Quiroga fue fusilado para robarle el auto durante la fuga de los delincuentes, hecho que motivó la indignación popular. Llamativa fue la reacción del padre, quien convocó a una marcha para pedir justicia, pero en su convocatoria dedicó más tiempo en decir que no quería a los partidos “berretas” con sus banderas y aclarar que no van a cortar la calle, que en el propio pedido de justicia.

La marcha contó con la presencia de 3.000 personas, en su gran mayoría de sectores medios y altos. Se pedía pena de muerte y se aplaudía la intervención del padre de la víctima, que giró en torno de la crítica a los jueces garantistas y los organismos de derechos humanos. Las típicas frases acuñadas en los ’90 por los mediáticos voceros del menemismo se volvieron a escuchar con fuerza en los medios, las redes sociales y en las verdulerías “¿adónde están los derechos humanos?”, “los derechos humanos son para los delincuentes y no para las personas de bien”, desconociendo, voluntaria o involuntariamente, que el único que viola los derechos humanos es el Estado, por definición. El resto son delitos y punto. No toda la marcha tuvo este carácter. Cientos marcharon movidos por la indignación y nada tenían que ver con el programa derechista de la convocatoria. También participaron un numeroso grupo de otras víctimas de delitos (menos “resonantes”) que reclamaron ser recibidos por las autoridades, tal como lo hicieron con Quiroga, lo que generó incidentes en la puerta de la Legislatura.

La impotencia política del planteo derechista se evidencia en la falta total de propuestas, más allá de la mano dura que ya impera hace muchos años en esta provincia, caracterizada por una enorme población carcelaria (2.700, de los cuales la mitad no han recibido condena), los abusos policiales de todo tipo, las torturas en las cárceles y comisarías, y el gatillo fácil. Las “manos libres” que se pide para que la policía actúe, ya existe de sobra. Lo que la derecha no dice es que esa policía de manos duras y libres está ligada por arriba y por abajo al delito: trata de personas, tráfico de droga, desarmaderos y, muy especialmente a los robos espectaculares a bancos y blindados, como ha sido el caso que terminó con la vida de Matías. Es notable el silencio de los partidarios de “matar a esos negros de mierda” frente al hallazgo del arma de un guardiacárcel (ahora prófugo) en el lugar del crimen, quien ya tenía el antecedente de haber facilitado la fuga de otro preso hace algunos meses. Tampoco se habló de los misteriosos robos masivos de armas de hace unos años, de depósitos judiciales custodiados por personal policial, y en el regimiento de Uspallata.

La masividad de la marcha se inscribe en un cuadro de descontento social contra ajustes, tarifazos y techos salariales, así como contra los intentos de meter la megaminería contaminante en la provincia. En marzo hubo 7.000 docentes movilizados por aumento salarial y otros tantos miles de marchantes contra la megaminería. El reclamo de seguridad no es ajeno a este descontento social, es uno de los padecimientos más graves que sufre el pueblo trabajador. Los crímenes en los barrios populares son cosa de todos los días.

La respuesta del “gobierno de los derechos humanos”: guerra contra los pobres. Cada vez que la víctima de un homicidio no es un pobre, se produce una crisis política. Durante los gobiernos de Cobos y de Jaque, caían los ministros de Seguridad y las cosas se calmaban. Esta vez, el gobierno reaccionó mostrándose más papista que el Papa: razzias en los barrios populares con cientos de detenidos, detención de colectivos exigiendo demostración a los pasajeros de que tienen pago el boleto, apabullante presencia policial en las calles y ni media defensa pública de los derechos humanos. Por su parte, los intelectuales y abogados de los organismos de derechos humanos kirchneristas no sólo no atinaron a decir una sola palabra sobre lo que significa la defensa de los derechos humanos y denunciar la participación de las instituciones represivas del Estado en el armado y protección de hechos delictivos, sino que miraron y siguen mirando para otro lado frente a la guerra contra los pobres desatada por el gobierno y el Estado policial mendocino.

Una salida frente a la inseguridad

El principal vocero de Carta Abierta y la izquierda K, Roberto Follari, se lamentó
por el resurgir del discurso anti-derechos humanos, pero se declaró impotente frente a la inseguridad ciudadana “no se puede hacer nada”. Claro, nada puede hacer el kirchnerismo contra la descomposición del Estado y sus fuerzas de seguridad, nada puede hacer tampoco frente a la falta de perspectivas de millones de personas sumergidas en la marginalidad. Pero sí puede, en cambio, espiar, procesar, encarcelar, y asesinar luchadores a sangre fría. La orientación social capitalista del gobierno al frente del Estado lo condena a ser violador sistemático de los derechos humanos, porque necesita de fuerzas represivas contra el pueblo para sostener un régimen que se desmorona, y esas fuerzas represivas no pueden estar ajenas a ese desmoronamiento. Sólo habrá seguridad si el asunto está en manos del pueblo que trabaja, disolviendo las actuales fuerzas represivas y organizando una institución de seguridad que cuide la vida, la integridad y los bienes del pueblo, reclutada por asambleas populares y de organismos de derechos humanos, con jefes electos y revocables, y que rindan cuenta frente a las asambleas; que tengan prohibido reprimir la protesta social. Igual funcionamiento para la Justicia.

¡Basta de inseguridad!

¡Abajo el Estado policial!