Juicio a Videla en Córdoba: Los K defienden las absoluciones y el encubrimiento de los políticos cómplices

El juicio por el asesinato en 1976 de 31 presos políticos (entre ellos Claudio Zorrilla, militante de Política Obrera) en el penal del barrio San Martín de la ciudad de Córdoba, terminó con 23 represores condenados (entre ellos Videla y Menéndez) y siete absueltos.

Para la prensa en general -y para el espectro kirchnerista en particular- este juicio tiene un «alto valor» porque implica la primera condena a Videla luego del indulto de Menem.

En realidad, este juicio (el tercero de «magnitud» que se realiza en Córdoba), se diferencia de los anteriores por otros hechos. Uno de gran importancia es que un 25% de los juzgados fue absuelto, a pesar de evidencias incontrastables, como es el caso de los implicados en los fusilamientos de Vaca Narvaja, De Breuil y Toranzo.

El otro hecho esencial es que en este juicio reiteradamente aparecieron en las declaraciones de los testigos de la querella, e incluso de algunos de los imputados, acusaciones directas a funcionarios del poder judicial (varios de ellos en actividad, como el camarista Rueda), a dirigentes políticos (como el precandidato a gobernador por el radicalismo, el «comisario» Aguad) y a la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, la posibilidad de abrir un enjuiciamiento a los mismos entró en el laberinto judicial: «Si bien el Tribunal ya le había derivado a un fiscal de instrucción algunos trapos sucios… ayer no se extendió en pedir la averiguación de otros casos que quedaron expuestos por boca de acusados y testigos» (La Voz del Interior, 23/12).

Para los K, de todos modos, esto no empañaría el juicio, porque, según ‘explica’ Luis Bruchstein en Página/12 (23/12), la complicidad de los políticos con los militares era una «forma de hacer política». «Es difícil de comprobar si, como afirmó Videla, Balbín le pidió el golpe. Pero en esa época, no solamente radicales, sino también peronistas y hasta socialistas y de otras corrientes políticas de izquierda y derecha participaban en las decisiones golpistas. Era una forma de hacer política, desde antes de que existiera la guerrilla. Hasta podría decirse que esa forma de hacer política tuvo mucho que ver con el crecimiento de la guerrilla». O sea que esta ‘modalidad’ política exime de cualquier responsabilidad a los políticos que pactaron el golpe -y lo mismo vale para las patronales. Bruschtein sanciona su propia versión del indulto. Pero si conspirar con los militares era un modo de ser, lo mismo debería valer para la modalidad de los militares de enganchar a los políticos. El periodista K no cuestiona entonces el golpe del ’76 sino la forma criminal que habría adquirido solamente después -¡como si no hubiera sido un esquema planificado!

Para Bruschtein el juicio de Videla debe limitarse a lo simbólico. No debe extenderse a todos los que colaboraron con el golpe y con la dictadura, esto porque «no podía concebirse una democracia con Videla en libertad. Esa carga simbólica se convertía en una carga de dinamita contra la idea de democracia… La condena a Videla resignifica a esta democracia. Es como si la volviera a bautizar» (ídem). Clarísimo: la condena a Videla opera como una absolución, la de todos los que colaboraron con su régimen y luego con la obediencia debida y el indulto, incluidos los K. Los K se ‘resignifican’ y se autoabsuelven del apoyo a Menem y sus indultos para sortear la «carga de dinamita» que sería esta colaboración.

Los juicios tienen un valor simbólico. No implican un desmantelamiento del aparato represivo que se llevó la vida de 30.000 compañeros, el cual hoy es atacado en forma ‘simbólica’ por Garré cuando remueve a la cúpula de la Federal y promueve a militares cómplices de los carapintada y asociados a labores de inteligencia del Batallón 601 de la dictadura. Las sentencias se leían cuando en la Argentina se habían producido siete muertos como resultado de la represión a las luchas populares, compañeros que caían por las balas de policías (como en Soldati o Formosa) o por la de las patotas (como en el caso de nuestro compañero Mariano Ferreyra).

Cuando Videla y Menéndez hicieron sus alegatos, muchos creyeron ver un espectáculo anacrónico. Pero no es así, les recordó que al final siempre necesitarán de una fuerza armada dispuesta a todo, como en el ’76. La fantasía de la ‘seguridad democrática’ es una concesión política a los Videla.

El verdadero alcance de los juicios hay que verlo en las propias cifras oficiales que revelan que sólo un número ínfimo de represores llega a juicio y un número aún menor recibe condena (ver PO Nº 1.157).

Si la cárcel a Videla «resignifica la democracia», ¿en qué lugar se colocan la desaparición de Julio López y Luciano Arruga, el «gatillo fácil», las torturas en las comisarías, la represión oficial y la «tercerizada», el entramado de las policías y órganos de represión en la trata de mujeres y en el delito en general?

Las jóvenes generaciones (que según Bruchstein «con las condenas y los juicios… se constituyen en generaciones de la democracia») lo que requieren es el desmantelamiento del aparato represivo, el juzgamiento y castigo de todos los responsables y cómplices del genocidio y de quienes se beneficiaron con él. Los «símbolos» de la política kirchnerista en derechos humanos sólo sirven para preservar la impunidad.

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