Los negocios de Ugofe con Pedraza

Las motivaciones del crimen de Mariano

Cuando los representantes de Roggio y Emepa se reunieron con los funcionarios de la Secretaría de Transporte para coordinar su desembarco en los ramales Mitre y Sarmiento, los ejecutivos de ambas firmas dijeron que consideraban el traspaso como "un reconocimiento a la Ugofe, que hizo un buen trabajo dentro del contexto actual" (Clarín, 25/5). El "buen trabajo" de los empresarios consistió en montar una "unidad de negocios" en el Roca a partir de los subsidios del Estado, caracterizado por el fraude, el vaciamiento y la súper explotación de trabajadores "tercerizados". La burocracia sindical de la UF fue (y sigue siendo) parte de aquel esquema. Su función era aislar a los "tercerizados" del resto de los ferroviarios y someterlos mediante el terror. Frente a las iniciativas de lucha que tomaron esos trabajadores, José Pedraza y Juan Carlos Fernández reclutaron una patota para "aleccionarlos". En octubre de 2010, esos matones asesinaron a Mariano Ferreyra e hirieron gravemente a Elsa Rodríguez y a otros compañeros. Como afirma el procesamiento de ambos, su "real finalidad era asegurar el poder económico y político que ostentaban en su carácter de autoridades de la Unión Ferroviaria".


Ugofe


El poder económico de Pedraza y Fernández tuvo su impulso en la asociación con los Roggio, Romero y Cirigliano a través de la Ugofe. Esa sociedad quedó sellada cuando la Unión Ferroviaria acordó que se permitiera la tercerización en los ferrocarriles; o sea, que desembarcaran "contratistas" cuyo personal no quedaría encuadrado dentro del convenio ferroviario y cobraría un tercio del salario de un trabajador de planta permanente. Roggio había explotado este sistema en Metrovías, subcontratando a otras empresas para los trabajos de limpieza, mantenimiento y seguridad, que además pertenecían a los mismos grupos económicos de los gerenciadores de Ugofe. La burocracia sindical se sumó al negocio a través de "cooperativas" regenteadas directamente por ella. El negocio era completo, ya que el Estado se hacía cargo de pagar el salario de todos los trabajadores de Ugofe y los contratos con las empresas tercerizadas.


La rapiña sobre los recursos del Estado era generalizada. José Luis García, ex gerente de pagos de Ugofe en el Roca, declaró en la causa de Mariano que el 30 por ciento de los fondos destinados a pagar salarios y contratos eran desviados directamente hacia las arcas de los empresarios. Esos recursos salían de la subsecretaría de Transporte Ferroviario, que todavía ocupa un sindicalista de La Fraternidad, Antonio Luna. El negocio que Pedraza y compañía se empeñaron en defender a sangre y fuego contaba con la complicidad de todos los estamentos del Estado. Los empresarios autorizaron la salida de ochenta empleados de los talleres para reforzar a la patota. La Policía Federal garantizó una "zona liberada" para permitir el ataque.


La burocracia


Pedraza y Fernández no subestiman en absoluto la inserción de la izquierda en su sindicato, como pretenden aparentar para la tribuna. La charla sostenida por Pedraza con el ministro Tomada en enero de 2011, que constituye parte de la prueba en las actuaciones, desnuda la preocupación del burócrata para evitar que a través del pase a planta de los tercerizados ingresaran "cuadros de izquierda" -como lo era Mariano. La burocracia monopoliza la bolsa de trabajo en el ferrocarril para hacer entrar a sus matones. Así ingresaron los Alcorcel y los Pipitó y pretendían contratar a Favale, todos co-imputados por el crimen de Mariano.


El de Mariano Ferreyra fue un crimen político determinado por la necesidad de subsistencia política y económica de la burocracia de la Unión Ferroviaria, asociada en este esquema siniestro a los empresarios "nacionales y populares" Roggio, Romero y Cirigliano, al amparo del Estado.


La lucha por el castigo a los responsables del crimen de Mariano y de la masacre de Once, es una sola.

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