La Cámara del Crimen rechazó el pase a la Justicia contravencional de la causa de los seis policías incriminados y revirtió el sobreseimiento de un séptimo, Villalba, quien dejó de filmar minutos antes del ataque a balazos. Villalba será procesado.

Positivo. Porque ganamos el terreno para seguir peleando la unificación con el juicio de la causa madre. Pero la Cámara no alteró el hecho de que se sustancia una causa diferente por la responsabilidad policial, paralela a la de Pedraza y los cómplices y, lo más importante, no cambió la carátula: “abandono de persona”.

La Cámara ha confirmado la actuación de la jueza Wilma López y el fiscal, quienes no accedieron al planteo de las defensas de los compañeros para juzgar a los policías por homicidio calificado, en la medida en que, al liberar el territorio y permitir el acceso y la fuga de la patota armada, fueron partícipes necesarios de un plan criminal.

Sin la zona liberada la patota no podría haber actuado como lo hizo, del mismo modo que nada hubiera sido igual sin la activa participación de la patronal de Ugofe, otorgando licencias gremiales y coordinando el accionar de la patota. Estos problemas son cruciales, porque por el camino de la impunidad policial acusada de una mera negligencia -abandono de persona-, y por el camino de la impunidad empresarial, base de todos los negocios de la tercerización y la burocracia sindical, se busca aislar la acción criminal de sus conexiones y fundamentos últimos: el salvataje de todo un régimen de explotación de los trabajadores, fuente de superganancias de los privatizadores y sus socios.

El confinamiento del juicio en torno a la patota puede conducir, a su turno, a la liberación del propio Pedraza, como consecuencia de considerar que estamos ante el desborde de un grupo de lúmpenes “mal seleccionados” para “proteger la circulación de los trenes”. A eso parecen orientarse un sinnúmero de chicanas y estrategias de dilación judicial por parte de las querellas de los presos, de modo tal que el juicio no empiece y se agudice entonces la presión por la liberación de Pedraza.

Y es muy claro que el gobierno kirchnerista no es neutral en torno a todo esto. Los abogados que urdieron el pretendido pase a la justicia contravencional, y abogaron por “el abandono de persona”, fueron del buffet del Ministerio de Defensa conducido por Nilda Garré. Recién el 19 de octubre, ante nuestras denuncias, fueron removidos. En segundo lugar, hasta el día de hoy Guillermo Antonio Luna sigue al frente de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario. Tercero: hay un lobby de la burocracia sindical encabezado por Lescano, para considerar a Pedraza un “preso político”.

Arrepentido

En otro plano, la aparición de un nuevo arrepentido, el ex boxeador José Pérez, confirma y agrava las pruebas en contra de Pablo Díaz y Favale, porque demuestra que este último revistaba desde mucho antes como empleado de la tercerizada Herso, algo ocultado hasta ahora por Ugofe y por el Ministerio de Trabajo. Pérez denunció que Favale entró a Herso para “cagar a palos” trabajadores, tarea por la que cobraba tarifa aparte. Además, que fue requerido por elementos de la patota, a quienes sindicó con nombre y apellido, que le pidieron guardar las armas usadas contra los compañeros el 20 de octubre. Los relatos del nuevo arrepentido incluyen lavado de dinero por parte de la patota del Roca, a través del sistema de coleros para comprar dólares en enormes cantidades. Toda la trama de los enormes negocios que estuvieron en la base del plan criminal por el que se juzga a Pedraza y la patota.

El período de pruebas está cerrado, y debería habilitarse una excepción para incluir este tipo de testimonio.

Está planteada una vasta lucha y movilización política para quebrar la estrategia jurídica y política que pretende salvar toda esta podredumbre, condenando al o a los que apretaron el gatillo exclusivamente.