Por primera vez en 3 años y 7 meses de búsqueda de justicia, el gobernador Scioli recibió a los familiares y amigos de Luciano Arruga, junto a los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y a miembros de la Comisión Provincial por la Memoria.

La reunión se enmarca en un contexto de recrudecimiento de la persecución y el hostigamiento a los familiares de Luciano por parte del aparato de la bonarense.

Las intervenciones de la familia Arruga estuvieron atravesadas por una fuerte denuncia a la responsabilidad del poder político en la desaparición de Luciano y a las constantes amenazas sufridas a quienes luchan por el juicio y castigo a todos los culpables.

Se le exigió al gobernador que se haga cargo e impulse los siguientes puntos:

1. la separación inmediata de las fuerzas de los ocho policías que estuvieron presentes en el ex Destacamento de Lomas del Mirador la noche en que Luciano fue secuestrado (estos efectivos continúan trabajando en funciones en distintas comisarías de La Matanza);

2. se reclamó el compromiso político y los recursos necesarios para acelerar el cambio de carátula de la causa de “Averiguación de paradero” a “Desaparición forzada de persona”, así como también el enjuiciamiento de la primera fiscal a cargo, Roxana Castelli, quien, entre otros gravísimos hechos, derivó la investigación a la misma policía responsable directa de la desaparición de Arruga. Por último, se le reclamó al gobernador que ceda el ex Destacamento a los familiares y amigos de Luciano, a quienes actualmente el intendente de la Matanza les niega el acceso.

En todo momento se le recordó a Scioli su responsabilidad en el funcionamiento del aparato represivo provincial, que se enmarca en una problemática que se extiende a nivel nacional.

La lucha por Luciano es una realidad que desmiente el discurso de los derechos humanos que enarbola el kirchnerismo. Durante su gestión se impulsa una política de militarización de los barrios, fue asesinado Mariano Ferreyra por una mafiosa patota sindical, con policías que actuaron como partícipes necesarios del crimen, fue desaparecido Julio López y aprobada una Ley Antiterrorista, que no hace más que legitimar la judicialización y represión de la protesta social, entre muchos otros ejemplos. Desde el Partido Obrero acompañamos los reclamos de la familia Arruga a Scioli y llamamos a toda la sociedad trabajadora a sumarse a la lucha contra la represión y por la defensa de los derechos humanos.