Manipulación y reconciliación


Días atrás, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad convocó a un encuentro de sobrevivientes, funcionarios y organismos de derechos humanos para debatir sobre la marcha de los juicios contra los represores de la última dictadura.


 


La convocatoria fue circunscripta a aquellos que comulgan con el gobierno nacional. Los organismos independientes -mayoritariamente agrupados en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y en la querella Justicia Ya!- fueron excluidos a pesar de ser activos impulsores de los juicios a los genocidas.


 


Estancamiento


 


En el cónclave semioficial coincidieron en señalar el “estancamiento” de las causas, especialmente de aquéllas que involucran a los empresarios que colaboraron con el genocidio. Se señalaron los recientes fallos que beneficiaron a Vicente Massot (La Nueva Provincia), Carlos Blaquier (Ingenio Ledesma), Héctor Magnetto (Clarín) y Juan Bottinelli (editor de Para Ti) y la decisión de la Corte Suprema de desestimar las denuncias por torturas de oficiales contra soldados en Malvinas.


 


Como era esperable, las críticas fueron dirigidas exclusivamente hacia el Poder Judicial, obviando la responsabilidad política del gobierno. El encuentro fue instrumentado en función de la pelea de camarillas entre el gobierno y el aparato judicial, pero no aportó nada a la lucha contra la impunidad.


 


La realidad es que el giro hacia una política de “reconciliación nacional” es encabezado por el gobierno. Sus adláteres reivindican la anulación de las leyes de impunidad del alfonsinismo en 2003, pero lo cierto es que la entronización de Milani ha dado lugar a una nueva obediencia debida. Poco después de que CFK llamara a “superar los prejuicios” contra los militares al momento de anunciar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, Martín Balza -ex jefe del Ejército de Menem y actual embajador del gobierno K en Costa Rica- convocó desde una columna publicada en Clarín el último 24 de marzo a la “reconciliación”, para “(avanzar) de un pasado controversial a un futuro compartido”. El genocidio, por supuesto, no es ninguna “controversia”.


 


La restauración política de las fuerzas armadas y la garantía de impunidad para la clase capitalista que colaboró con la dictadura es la línea general de toda la burguesía y de sus partidos. Cuenta, además, cuenta con la bendición y el impulso del Vaticano.


 


Vale recordar que los K nunca tuvieron la pretensión de llevar a fondo los juicios contra los genocidas. La anulación de las leyes de impunidad fue la salida que encontraron frente a la presión internacional y a los pedidos de extradición que llegaban desde Europa. Sus diputados pusieron como condición la exclusión del indulto, que fue declarado inconstitucional tiempo más tarde por la Corte. Desde entonces, los juicios se desarrollan a cuentagotas y de manera fragmentada. Más de diez años después, hay sólo 55 sentencias firmes contra represores.


 


Opositores


 


Por su parte, la oposición también juega a fondo la carta de la impunidad. En Corrientes y en Santa Fe, donde gobiernan radicales y socialistas respectivamente, no hay ningún juicio en marcha (Pagina/12, 9/4). Los referentes del PRO de Santiago del Estero defienden sin empacho a los genocidas (ver PO N° 1.358).


 


En la provincia de Salta, Ricardo Gil Lavedra -dirigente de la UCR y ex integrante del tribunal que juzgó a las Juntas Militares durante el gobierno de Alfonsín- se encuentra defendiendo al ex juez Ricardo Lona, acusado por el asesinato de once presos políticos durante la dictadura.


 


Conclusiones


La burguesía exige la rehabilitación de las fuerzas armadas, políticamente en ruinas desde la dictadura y la derrota de Malvinas.


 


Se trata de una orientación internacional impulsada por el imperialismo, que asigna a los militares un papel central en la represión interna, de cara al proceso político que atraviesa todo el continente. Esto abarca desde la militarización de las favelas brasileñas hasta las negociaciones con las FARC, pasando por el simbólico ascenso de la hija de Luis Reque Terán, el militar que encabezó la captura del Che Guevara en Santa Cruz de la Sierra, al rango de general del Ejército boliviano. Haití ha sido un gigantesco globo de ensayo en este sentido.


 


En Argentina, desde 1983 todos los gobiernos intentaron imponer la fórmula de la “reconciliación nacional” pero fueron enfrentados por una maciza movilización popular que se inició bajo las condiciones terribles de la dictadura. En más de treinta años, sea mediante la desmoralización y el engaño, sea mediante la represión y las prebendas, no lograron desmantelarla.


 


El gobierno nacional manipula a los organismos de derechos humanos porque entrega al genocida Milani los resortes del aparato de inteligencia del Estado, la “lucha contra el narcotráfico” y la aplicación de las leyes antiterroristas, acompañados de un gigantesco presupuesto. Enfrentamos, por lo tanto, una orientación estratégica.


 


Más que nunca, no olvidamos, no nos reconciliamos.


 


Fuera Milani. Castigo a todos los culpables.