La condena a José Pedraza, a gran parte de su patota y a algunos policías que colaboraron con los ejecutores del ataque criminal contra los trabajadores, que reclamaban contra la tercerización laboral en el ferrocarril concesionado por el gobierno, fue acogida con un sentimiento de justicia por parte de la ciudadanía y en especial por los trabajadores. Es la primera vez que se sanciona penalmente a la burocracia sindical por la responsabilidad política de un crimen cometido contra la clase obrera. La condena ha servido, objetivamente, para destacar el antagonismo social entre los trabajadores como clase frente a una casta que ha usurpado los sindicatos y que funciona como una agencia de la patronal y del Estado en las organizaciones creadas por la clase obrera. Se volvió a poner de manifiesto la conversión creciente de la burocracia de los sindicatos en una clase empresarial. Los resultados de la lucha política para llevar a la cárcel a los asesinos de Mariano Ferreyra se manifiestan, y se seguirán manifestando, en una lucha cada vez más decidida de los activistas sindicales para establecer una nueva dirección del movimiento obrero.

Operativo Político

El fallo condenatorio esconde, sin embargo, un operativo político, cuya finalidad de orden general es colaborar con el beneficio de la impunidad para numerosos actores políticos responsables de este crimen contra los trabajadores, e incluso beneficiar a los reos en las sucesivas apelaciones judiciales. En la lectura de los fundamentos del fallo, los jueces del Tribunal se atajan con la afirmación de que no faltarán quienes dirán que fue elaborado en Balcarce 50. La naturaleza política de este operativo quedó de manifiesto cuando la sala del Tribunal fue invadida, pocos minutos antes de la lectura de la sentencia, por una caterva de funcionarios kirchneristas o alcahuetes del oficialismo, quienes no movieron un dedo, durante dos años y medio, para que se hiciera justicia. No es ocioso recordar que Cristina Fernández, la fiscal Cristina Camaño y el escriba para todo servicio José Pablo Feinmann, insistieron (y lo siguen haciendo) en que el crimen de Mariano es responsabilidad del Partido Obrero. Más adelante, se atribuyeron el aporte de un testigo reservado que resultó ser parte de la propia patota. La frase "la bala que mató a Mariano rozó el corazón de Néstor Kirchner" se convirtió en el 'password' del oficialismo para sacar de escena su colaboración política con la burocracia sindical, con la que había compartido la tribuna de River cinco días antes del crimen, con el planteo de sellar la unión de la Juventud Sindical y el camporismo juvenil. Favale estuvo presente en esa ocasión; un año antes, CFK había presentado a Pedraza como el "modelo de sindicalismo constructivo", una clara alusión de rechazo al sindicalismo clasista. Horacio Verbitsky resistió todo lo que pudo para consagrar la expresión "el chico muerto en Barracas", con la intención de eliminar cualquier vestigio de un crimen político. A partir de la claque de "6,7,8" ha comenzado el operativo de recuperar para el oficialismo la autoría de la condena a la patota y no queda excluido que se atreva a ponerse la camiseta de Mariano para arrebatar los votos de los mayores de 16 años. En este operativo de confiscación de la memoria de nuestro compañero chocarán contra el muro de combate del Partido Obrero.

Manipulación

¿En qué consiste la manipulación judicial? La sentencia asegura que la patota no tuvo el propósito de consumar un crimen político, porque era consciente de que sería perjudicial para sus intereses. De ahí que califique al crimen de "dolo eventual" y no "dolo directo", y que asigne una pena de quince años en lugar de la perpetua. Los oficialistas a sueldo nos atacan denunciando una inconformidad con la pena de nuestra parte. Se trata de una manipulación; no nos importan los años en que Pedraza, Fernández o Sánchez se pudran en la cárcel; lo que denunciamos es que se ha desnaturalizado la calificación del crimen para evitar las implicancias políticas que derivarían de una aceptación de la posición de las querellas, que lo caracterizaron como "un plan criminal" combinado con la policía, los empresarios y varios ministros y secretarios de Estado. El Tribunal ofrece, como prueba de la ausencia de finalidad criminal por parte de los atacantes, el caso del gobierno de Duhalde, que tuvo que acortar su mandato como consecuencia del daño político que le provocó el asesinato de Kosteki y Santillán. Semejante planteo nos coloca ante un caso de prejuzgamiento alevoso y de falsificación histórica, esto porque todo el mundo sabe que Duhalde y sus compinches habían tomado las medidas necesarias para encubrir aquel crimen, que solamente salió a la luz por la acción de un fotógrafo intrépido. O sea que Duhalde y acólitos sí querían acabar con el movimiento piquetero de 2002 con un asesinato, dado que ya habían fracasado con todos los métodos alternativos y los intentos de cooptación. Lo mismo ocurrió esta vez con Pedraza, que enfrentaba un movimiento de tres mil tercerizados, que se encontraban reclamando desde hacía tres años. Por eso se aseguró con la jefatura de la policía la liberación de la zona y el encubrimiento de la fuga de los asesinos. Pretendía evitar los 'perjuicios' del crimen como lo hacen todos los que se ponen en ese lugar -escamoteando la identidad de los ejecutores: ellos mismos. Pero, como ocurriera en 2002, también esta vez hubo periodistas en el lugar, que desbarataron el operativo con las imágenes televisivas y sus propios testimonios.

Los fundamentos del fallo del Tribunal confirman la sospecha de una redacción en Balcarce 50 cuando, en un planteo completamente inmotivado, que no tenía relación con las actuaciones del juicio penal, asegura que las escuchas telefónicas entre Pedraza y el ministro Tomada, tres meses después del crimen, constituyen una prueba del distanciamiento del funcionario con el burócrata. ¿No estamos ante una afirmación exculpatoria, de clara intención política, del gobierno nacional? Los jueces sostienen, sin ningún fundamento, que la conversación prueba que Tomada "quería sacarse de encima a Pedraza". ¡Esta es la interpretación que ha dado Tomada de esa conversación! Si no fue dictada en Balcarce, la sentencia, al menos en parte, la bajaron de Leandro Alem al 600. La escucha telefónica sí revela una discrepancia entre los dos protagonistas, pero no la que aluden los jueces, que destacan la afirmación de que Pedraza llamó 'cuarenta veces' a Tomada antes de ser atendido. La discrepancia reside en que Pedraza quiere evitar los pases a planta de los tercerizados, mientras Tomada, forzado a otorgarlos por toda la presión política desatada por el crimen, le recomienda que "les haga la cabeza". ¿Qué se desprende de aquí? Que la discrepancia se resuelve con un acuerdo que parte del gobierno, de Tomada, para que la burocracia de la UF utilice todos los recursos para cooptar a los compañeros tercerizados. Este enjuague es una connivencia que protege el control del sindicato para la burocracia pedracista. La conversación demuestra que si Tomada no es cómplice del crimen, sí lo ha sido del criminal.

El asunto 'Tomada no tiene nada que ver' no está solamente en función de una reinserción política del ministro, que pretende dejar el gobierno para entrar en el Congreso. Forma parte de la exculpación de la jefatura de la Policía Federal, dado que el Tribunal asegura que los policías en el lugar les mintieron a sus superiores, sin presentar ninguna prueba de esa mentira. Por el contrario, la amplitud del operativo de ataque y fuga es inconcebible sin la participación de los jefes, lo que violaría todos los protocolos de la institución. Esta manipulación le ha permitido al Tribunal dejar en libertad al comisario Hugo Lompizano, que ha retornado a su trabajo de 'docente' y motivado una movilización de repudio por parte de Ademys; también ha servido, por sobre todo, para dejar afuera de cualquier responsabilidad al jefe político de la policía en aquella fecha: Aníbal Fernández, quien defendió durante meses la actuación policial el día del crimen. Si a estas exculpaciones se suma la ausencia en el expediente judicial de los concesionarios vinculados económicamente con el pedracismo, que habilitaron el día libre a la patota, y del secretario y subsecretario de Transporte, responsables del régimen corrupto de explotación del ferrocarril, tenemos el cartón lleno de los beneficiarios del fallo del Tribunal Oral y Público. Todos los mencionados son subordinados de la máxima jefatura del Estado. El resultado de una aceptación de la carátula de plan criminal -y su consecuencia, la perpetua- habría resultado en un trampolín para reclamar la investigación de todos los aludidos. Cuestionamos el rechazo a la caracterización de un plan criminal, no es cierto que nos ciegue la falta de una condena de perpetua. La imputación viene del mismo oficialismo que alberga a los que han quedado impunes.

Perspectivas

La lucha, como sea, continúa. Por un lado, Pedraza tiene que hacer frente a un juicio por intento de coima a los jueces de Casación, quienes debían dictaminar el levantamiento de la prisión preventiva del burócrata. Los abogados de Pedraza, por otro lado, ya anunciaron que apelarían la condena; lo mismo debería hacer el CELS si mantiene su tesis de acusación, así como nosotros. Los pedracistas alegarán que la "instigación" del crimen no está probada; si obtienen una reducción de la pena, podrían enseguida hacer valer otras argucias para eximirlo de prisión. La carátula del Tribunal serviría para una impunidad en cuotas. Hay que prestar atención, sin embargo, al juicio oral y público por la masacre de Once, que tiene imputados a los que zafaron del juicio a Pedraza, como los ex funcionarios Schiavi y Luna. Necesitamos una lucha de conjunto. El gobierno que se arroga la condena a la patota necesita sacarle el bulto a todo esto.

Nuestra política, a las postres, ha sido criticada por el ala más avanzada del derecho, que nos endilga una pelea por acentuar el castigo y la punición. Es lo que escribió Roberto Gargarella en Clarín. Es claro que se trata de una deformación de nuestro planteo, como se explica más arriba: condenamos la estructura del fallo al servicio de un encubrimiento político, lo que Gargarella ignora en forma sorprendente. Esta suerte de garantismo extremo, que yerra de objetivo, se enfrenta sin embargo ante una limitación insuperable, porque la única forma de superar la pena y el castigo sería mediante la abolición del Código Penal, algo que los garantistas no imaginan ni en sueños. El Código Penal es la verdadera Constitución del Estado, desde el momento que reglamenta -o sea hace efectivo- el derecho de propiedad que consagra la Carta. Para abolir el Código Penal habría que abolir antes el Estado capitalista y el Estado 'toutcourt', que no consiste en otra cosa que en el monopolio de la fuerza. Los garantistas discurren, entonces, en el vacío. En lugar del Código Penal los socialistas planteamos, en una transición política que parte de la abolición del Estado capitalista, una Justicia basada en la deliberación popular y una sanción que apunta a la resocialización del reo, bajo el mismo control popular. El Código Penal viene acompañado del régimen carcelario, que cierra el circuito de la des-socialización del ser humano, de la deshumanización del individuo real. Los garantistas no admiten la condición de la revolución social, ni del gobierno de trabajadores, ni la transición al socialismo ni la extinción del Estado. Concibe a éste y al derecho como un escudo protector y no como la consagración despótica de la explotación social. No es casual, sin embargo, que el Código Penal tenga su vigencia más marcada en países como Estados Unidos y China, donde también es extremo el régimen carcelario. Las burocracias contrarrevolucionarias (ex URSS, China, Corea del Norte, etc.) restablecieron el gobierno del Código Penal y dieron expresión, con ello, a la tendencia a restaurar la propiedad privada de los medios de producción y la restauración capitalista.

La lucha por justicia para Mariano y Elsa Rodríguez ha expuesto ante toda la sociedad a sus tendencias políticas fundamentales. Además del combate político-judicial, la lucha sigue vigente porque ni la tercerización y precarización del trabajo han sido abolidas, ni la burocracia expulsada de los sindicatos. La reparación de un crimen contra la clase obrera sólo puede tener lugar en el terreno de las victorias del proletariado contra la explotación capitalista.