Mariano Ferreyra; Qué pasó en la audiencia con el Tribunal de Casación


Se llevó a cabo la audiencia con el Tribunal de Casación que revisará las condenas contra José Pedraza y demás autores del crimen de Mariano Ferreyra. La cita tuvo lugar en la sala principal de tribunales de Comodoro Py. Por el Partido Obrero estuvieron presentes el diputado nacional Pablo López, los legisladores Marcelo Ramal y Guillermo Kane y los dirigentes Gabriel Solano, Vanina Biasi y Eduardo Belliboni.


Nuestra querella, representada por los abogados Claudia Ferrero (Apel) e Ismael Jalil (Correpi), dio lugar a una destacada intervención técnica y política.


Nuestros abogados insistieron en la calificación de los delitos cometidos por Pedraza y su patota. Refutaron la figura de “dolo eventual” a la que recurrieron los jueces del TOC 21 para morigerar las penas por el homicidio de Mariano Ferreyra y las graves heridas de Elsa Rodríguez y demás compañeros. La calificación agravada por el concurso premeditado de varias personas implica una condena a prisión perpetua, de acuerdo a lo que establece el Código Penal vigente.


Nuestros abogados refutaron la afirmación de los jueces de primera instancia respecto de que a Pedraza “no le convenía un muerto” porque iría preso. Pusieron de manifiesto una vez más, como lo hicieron a lo largo del juicio oral, que existió un plan criminal concertado entre la burocracia sindical de José Pedraza, los empresarios de la ex Ugofe y funcionarios políticos y policiales. Demostraron que las maniobras de Pedraza en la causa judicial comenzaron tras la detención de Cristian Favale, que se produjo en medio de una gran conmoción política y social. Hasta ese momento, Pedraza confiaba en la impunidad que le brindaría la complicidad del poder político y empresario, como se verificó en los respaldos que recibió de funcionarios de primer nivel, como el del el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y de su vice, Noemí Rial, entre otros.


Nuestra querella también reclamó por las absoluciones de los patoteros Juan Pérez y Armando Uño y del policía Rolando Garay. Respecto de los dos primeros, rechazó que el TOC 21 desestimara el testimonio espontáneo de José Sotelo -un espectador circunstancial del ataque que involucró a Pérez y Uño en la desaparición de las armas- y que los jueces tampoco hubieran tenido en cuenta el de los periodistas de C5N en el tramo que señalaron a Pérez como parte de la patota que les impidió registrar con sus cámaras la agresión. Recordaron, además, que fue la defensa de Armando Uño quien trajo al “perito” Roberto Lócles a la causa, finalmente condenado por alterar el proyectil que mató a Mariano. Los honorarios de Lócles, se probó durante el juicio, eran abonados por la Unión Ferroviaria. En cuanto al subcomisario Garay, nuestros abogados señalaron la arbitrariedad del fallo de los jueces al excluirlo de la maniobra policial que garantizó la impunidad de la patota. “Los policías no actuaron del modo que actuaron por una decisión individual”, explicaron, “sino bajo órdenes políticas recibidas por toda la cadena de mandos. Los responsables del operativo habilitaron, consintieron y cubrieron la agresión contra los tercerizados. El responsable político de la Policía Federal era Aníbal Fernández”.


Nuestros compañeros cerraron su intervención subrayando la continuidad entre el crimen de Mariano Ferreyra y la masacre de Once, con idénticos actores políticos y empresarios.


Tanto la fiscalía como el Cels coincidieron en el reclamo de prisión perpetua para los autores materiales del crimen de Mariano. Sin embargo, la fiscalía insistió en acusar a los policías por “abandono de persona” y no su activa complicidad con los agresores. El Cels, por su parte, obvió la responsabilidad de los funcionarios políticos (Tomada, Aníbal Fernández). En contraste, nuestros abogados pusieron de manifiesto el operativo jurídico dirigido a recortar los alcances políticos del crimen de Mariano Ferreyra.


Los defensores, como era previsible, insistieron en solicitar la absolución de los autores de la agresión criminal. No se privaron en su intervención de justificar el accionar de la patota hasta lo inadmisible como el Dr.  Alejandro Freeland, quien sostuvo sin rubor que ante gente armada con palos gomeras y bolitas de vidrio la forma en que se lo repelió (a tiros) era un medio justificado. A lo que el Dr. Lagos agrego que no era menor que los que se movilizaron no eran tercerizados salvo cinco personas el resto se trataba de militantes políticos. Según su lógica los militantes si pueden ser corridos a tiros y asesinados. Ahora, la sala III de la Cámara de Casación deberá resolver los planteos expuestos.


Durante toda la jornada, una guardia de militantes de la juventud del Partido Obrero acompañó la audiencia desde la entrada de los tribunales.


Jacyn