Los medios de comunicación -especialmente la agencia estatal Télam y el oficialista Página/12- aseguraron que el juicio comenzaría el 15 de junio: una información desmentida por la realidad. El Tribunal Oral y Público (TOC) aún no fijó un cronograma de audiencias. La sala que se puso a disposición -denominada SUM- se encuentra en los tribunales de Retiro y deberá ser compartida, en forma alternada, con el juicio que se desarrollará contra el empresario Rafael Levy y otros imputados por la masacre de Cromañón. La sala SUM tiene una capacidad para 60 personas, un espacio estrecho. Por otra parte, se trata de una sala en la que no hay manera de dividir al público, por lo que víctimas y familiares, así como los representantes del movimiento que reclama el castigo a Pedraza, inevitablemente se cruzarán con los allegados de los acusados.

La demora para fijar el cronograma de un debate que abarcará más de seis meses deberá atravesar la feria judicial de invierno con audiencias espaciadas, lo que atenúa el impacto público del proceso. Por otro lado, la superposición con otro juicio, con el que además compartiría sala (la Justicia podría haber dispuesto el alquiler de un espacio adecuado, como lo ha hecho en otros casos) también diluye el protagonismo de la causa. En el banquillo de los acusados habrá algo más de 15 personas imputadas: será sometida al escrutinio público la trama de intereses que derivaron en el crimen político de Mariano Ferreyra, en la masacre de Once y en centenares de crímenes contra el pueblo trabajador.

Los problemas no se agotan aquí. Hasta ahora, el TOC 21 no ha permitido el acceso de las querellas a las escuchas telefónicas y a las computadoras personales de Pedraza y Fernández -a pesar de que forman parte de las pruebas del juicio. Por otro lado, la causa paralela que investiga el intento de coima a los jueces de Casación se encuentra en un punto muerto (ver nota aparte). Tampoco progresó un milímetro la investigación por el desvío de fondos para el pago de salarios en Ugofe, iniciada a raíz de la denuncia de un ex gerente.

Se trata de una operación quirúrgica para aislar el juicio por el crimen de Mariano de todas las derivaciones y conexiones que ponen de manifiesto sus connotaciones políticas.

La burocracia ferroviaria

Las dilaciones judiciales tienen lugar cuando hay activas negociaciones entre el gobierno y la burocracia sindical ferroviaria. La UF se ha convertido en un botín de la más alta importancia como consecuencia del derrumbe del pedracismo. Según BAE (29/5), el gobierno dispondría que la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) pase a controlar y explotar los ramales de las líneas Mitre y Sarmiento, con Roggio y Emepa (e incluso TBA) operando en calidad de 'técnicos'. Sofse está encabezada por Juan Araya, abogado y 'hombre de confianza' de José Pedraza, y por Agustín Special, directivo de La Fraternidad. La especie refleja, en parte, los movimientos del gobierno para quedarse con los despojos del pedracismo. En el mismo sentido de copamiento, la burocracia de La Fraternidad se ha alineado con la Casa Rosada en la embestida contra Moyano. Moyano, por su parte, intenta ocupar un espacio, tal como lo demuestra la participación de su hijo Facundo en charlas y debates que abordan la tercerización en la actividad ferroviaria. (El proyecto de ley sobre tercerización presentado por el moyanismo es insustancial, porque no plantea lo único que importa en la materia: la vigencia en las empresas contratistas del convenio colectivo de la empresa principal -en cuanto a salarios y condiciones de trabajo). La esposa de Moyano continúa en la vicepresidencia del Belgrano Cargas, el ramal de los ramales. Es probable que Pedraza esté negociando su absolución a cambio de aceptar una jubilación definitiva de la Unión Ferroviaria. Advertimos que la condena judicial de Pedraza se encuentra condicionada a negociaciones político-sindicales, las que no tienen nada que ver con las pruebas terminantes reunidas contra los autores políticos e intelectuales del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. En oposición a todos los que buscan usar el juicio para sus fines de copamiento político, nosotros (los del Partido Obrero) exigimos el juicio y castigo a los culpables.

Conclusiones

Advertimos un operativo oficial para aislar el juicio a Pedraza y despojarlo de sus connotaciones políticas -incluso para aislarlo del impacto político que está teniendo el 'ajuste' y la crisis cambiaria. Es un hecho que la Rosada busca poner un pie en la Unión Ferroviaria, al mismo tiempo que desarrolla su acción de copamiento de la CGT.

Nuestra campaña política por el inmediato inicio del juicio oral y el castigo a toda la patota pedracista irá acompañada de un esclarecimiento permanente de las maniobras políticas que buscan instrumentar el desarrollo del juicio y su veredicto final.