Tras doce años de parálisis absoluta, la causa federal que investiga las responsabilidades políticas del gobierno de Eduardo Duhalde en la masacre de Puente Pueyrredón incorporó los testimonios de algunos funcionarios de la municipalidad de Avellaneda de aquella época y de Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora.

 

La declaración más importante hasta ahora fue la del ex intendente Oscar Laborde. Detalló ante la fiscal Paloma Ochoa que durante los días previos percibió indicios de que “iba a pasar algo grave”. Entre otros, aseguró que poco antes del 26 de junio de 2002, la dirección del hospital Fiorito “había recibido la orden de retirar a todos los pacientes excepto a los de terapia intensiva”; que el comisario Alfredo Fanchiotti mantenía línea directa con la Side y que la policía estaba provista con un sistema de comunicación propio. Denunció que hubo maniobras “para dar la impresión de caos generalizado” y mencionó a un empleado municipal herido de bala de plomo.

 

También aseveró que el ex secretario de Seguridad y actual operador K, Juan José Alvarez, le pidió que no hiciera mención pública sobre la presencia de la Prefectura en la represión. “Tengo la convicción sobre la articulación que hubo entre el gobierno nacional y provincial, el rol que tuvieron (el ex jefe de Gabinete Alfredo) Atanasof y (el ex número dos de la Side), Oscar Rodríguez”. El testimonio de Laborde enlaza las responsabilidades de varios funcionarios nacionales y provinciales, arrojando elementos suficientes para avanzar en las imputaciones contra Duhalde y compañía.

Por su parte, Norita Cortiñas abundó en describir las decenas de graves heridos que dejó la represión y que pudo observar cuando se acercó al Fiorito en las horas posteriores a la masacre. Aseguró que el entonces gobernador Felipe Solá le dijo que los piqueteros se habían “matado entre ellos”, repitiendo la letra del libreto oficial.

 

Doce años después

 

Laborde fue intendente de Avellaneda entre 1999 y 2003. Proveniente del PC, se enroló en el Frepaso y tras el naufragio de la Alianza se recicló como funcionario K. Actualmente mantiene un puesto en Cancillería. Cuando apenas había transcurrido media hora de los hechos, ordenó un operativo de limpieza de los alrededores de Puente Pueyrredón en el que se perdieron valiosas pruebas. Es la primera vez que Laborde pronuncia públicamente estas denuncias. Su testimonio tardío, sin embargo, deja mucha tela para cortar. En lo sustancial, refuerza las denuncias que los familiares y las organizaciones venimos sosteniendo desde hace más de una década.

 

Los gobiernos K garantizaron la impunidad y el encubrimiento sobre los ex funcionarios de Duhalde corresponsables de la masacre de Pueyrredón. La carátula de la causa sólo menciona a Duhalde, Ruckauf y Alvarez, mientras que Aníbal Fernández y hasta el propio Solá, han quedado al margen de la investigación. La Side jugó un rol central en el ataque criminal contra el movimiento piquetero, no obstante ello, su jefe en aquel entonces, Carlos Soria, fue electo luego gobernador de Río Negro por el Frente para la Victoria.

 

La impunidad y el encubrimiento fueron política de Estado durante los 12 años de gobierno K. Esta investigación fue impulsada por Mabel Ruiz, fallecida mamá de Maxi y Vanina Kosteki. Los testimonios que se incorporan ahora fueron solicitados por Alberto Santillán, papá de Darío.

 

Desde el Partido Obrero y Apel redoblamos nuestro compromiso de desenvolver hasta el final la lucha por el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda.