La semana pasada, la justicia absolvió a 14 de los 17 agentes penitenciarios acusados de dejar morir en un incendio a 33 presos en el penal de Magdalena, en octubre de 2005. Para los tres restantes, incluyendo el entonces director del penal, determinó penas cuyos montos se conocerán recién en el mes de marzo.

Aquella noche de octubre de 2005, los detenidos del pabellón 16 iniciaron un incendio para detener una incursión a balazos por parte de efectivos del Servicio Penitenciario. Los efectivos cerraron el lugar y los 33 presos murieron por asfixia y quemaduras.

La justicia, que ya había blindado al poder político ante la masacre, consagró ahora la impunidad de los responsables materiales de esta masacre.

Al momento de los hechos, el penal de Magdalena alojaba casi el doble de los detenidos de lo que permitía su capacidad y no estaba preparado para afrontar un incendio (matafuegos sin carga, bombas de agua sin funcionar, etc.). La justicia pavimentó la impunidad del poder político desdoblando la investigación, impulsando una causa específica para investigar la responsabilidad del gobierno provincial (entonces en manos de Felipe Solá) que terminó archivada. Si bien se ha anunciado su reapertura, este fallo absolutorio anticipa que su alcance no puede ir muy lejos.

Con respecto a los efectivos penitenciarios, las absoluciones consagran un operativo de impunidad que incluyó la dilación del juicio por doce años y la intimidación sobre testigos. Dos presos que declararon en el juicio afirmaron haber sido amenazados por guardias de la Unidad 42 de Florencio Varela, en la que se encuentran ahora detenidos (Infoplatense, 24/8/17). A su vez, el director del penal no fue condenado por “abandono de persona seguido de muerte”, sino por “homicidio culposo”, que implica una pena menor.

Peor que ayer

A doce años de la masacre de Magdalena, las condiciones del penal han empeorado, según una denuncia de la Comisión Provincial de la Memoria. En un documento difundido en diciembre, se afirma que es la unidad más superpoblada de todo el sistema penitenciario bonaerense (alberga 1200 detenidos cuando tiene capacidad para 358) y que se practica allí en forma sistemática la tortura y el maltrato (ídem, 13/12/17).

Magdalena es sólo la expresión más visible de un sistema penitenciario caracterizado por el hacinamiento, el maltrato a los detenidos y la corrupción (contrataciones irregulares, venta de drogas, robos a detenidos y familiares, etc.). A su vez, seis de cada diez detenidos no tiene condena firme.

No se trata de espacios de resocialización sino de centros de castigo, deshumanización y de formación de mano de obra para el delito. E inclusive de centros de exterminio: una situación análoga a la de Magdalena dejó siete detenidos muertos en la comisaría primera de Pergamino en 2017.

En su fallo, la justicia ha querido preservar a toda una institución podrida que juega un papel clave de disciplinamiento social.

La complicidad del poder político no se restringe a la administración peronista que tenía la provincia en 2005. La intervención y las separaciones limitadas, dispuestas por el gobierno de Vidal en 2016, tras la fuga de los hermanos Lanatta, se han revelado como una farsa. A un año y medio de aquella intervención, el servicio penitenciario sigue siendo un antro de corrupción, hacinamiento, tortura y maltrato.

El fallo de Magdalena no puede abstraerse, por último, del cuadro político de respaldo y carta blanca a las fuerzas represivas para su accionar (doctrina Bullrich). Constituye, en tal sentido, un siniestro mensaje a las fuerzas represivas.

 

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