Los fallos que acaba de dictar la Cámara de Casación, a partir de las apelaciones presentadas por los condenados del Puente Pueyrredón, son un verdadero espaldarazo a la impunidad.

Osvaldo Félix Vega, el superior directo del entonces comisario Fanchiotti, había sido declarado culpable del delito de encubrimiento agravado por el Tribunal de Primera Instancia. En esta nueva instancia fue absuelto, fruto de una forzada valoración de la prueba por parte de los jueces.

Aunque admiten que Vega estaba perfectamente informado de los hechos realizados por sus subordinados vía ‘handy', los jueces sostienen que se encontraba "distante" de la estación Avellaneda y que, por lo tanto, no podía asegurar que "se mantuviese incólume la escena del crimen".

La absolución de Vega exculpa al superior inmediato de Fanchiotti y corta toda cadena de responsabilidad.

Piombo, uno de los jueces del tribunal, planteó -en minoría- incluso la absolución de Fanchiotti, a partir de una reivindicación del operativo represivo. Desde ese lugar, detalla sin concesiones la responsabilidad del Estado nacional y provincial en la masacre.

Singularmente, afirma que no puede pensarse que los agentes policiales actuaran sin órdenes superiores específicas, por lo que atribuye la actuación de Fanchiotti al principio de obediencia debida.

La absolución de Vega, al igual que la del policía Robledo, constituye una amnistía parcial o total para gran parte de los imputados, confinando la responsabilidad en Fanchiotti y Acosta. El fallo tiene por objeto asegurar la impunidad de quienes impartieron las órdenes que costaron las vidas de Maxi y Darío, así como lesiones graves de tantos compañeros.

La represión ocurrida el 26 de junio de 2002 obedeció a un plan orquestado desde las más altas esferas gubernamentales, cuyos responsables políticos (Duhalde. Juan José Alvarez, Ruckauf, Solá y el recientemente asesinado gobernador de Río Negro Soria, en su carácter de jefe de Inteligencia) jamás fueron llevados al banquillo de los acusados.

La Cámara de Casación acaba de reforzar la impunidad por el plan criminal del Puente Pueyrredón.