Córdoba

Masiva marcha en La Falda exigiendo justicia para Jonatan Romo

Familiares de la víctima apuntaron a la fiscal Kelm y el comisario Bracamonte.

Foto: Corresponsal.

En la ciudad cordobesa de La Falda se realizó una masiva movilización exigiendo justicia para Jonatan Romo, en la tarde noche del domingo 17 de julio. La convocatoria partió desde Avenida Eden y San Lorenzo, y desde allí se dirigió hacia la comisaría del distrito y la sede de la Unidad Judicial. En la cabecera de la marcha estuvieron lxs familiares y amigxs de la víctima fatal de la policía, que perdió la vida tras ser detenido el pasado domingo 10 de julio.

La bandera que encabezó la movilización tenía escrito “¿por qué la fiscal Kelm encubrió la golpiza del 19/12/21 a Jonatan Romo?”, en referencia a una brutal represión previa por parte de cinco uniformados a la víctima, a quien le perforaron un pulmón en tal circunstancia. La Justicia nunca investigó de oficio lo sucedido, permitiendo la impunidad policial. Se trata de un cuestionamiento sobre el que la funcionaria tiene que rendir cuentas.

Con la marcha, lxs familiares también criticaron la acción del depuesto comisario de La Falda, Diego Bracamonte. Este policía también debe dar explicaciones por el mencionado antecedente represivo contra la integridad de la víctima, además de responder por la versión que lanzaron de que Jonatan falleció de un paro cardiaco.

Prensa Obrera dialogó con Cristian, primo de la víctima, que apuntó por ello contra la fiscal Paula Kelm y el excomisario Diego Bracamonte. También planteó que habrá una nueva movilización, dentro de un par de semanas, para seguir exigiendo justicia.

Lxs propixs vecinxs y distintos medios de comunicación estimaron que la convocatoria reunió a miles de personas. Se trató de una de las movilizaciones más convocantes de los últimos tiempos en La Falda, lo que da cuenta de la indignación por la impunidad policial y el clamor popular de conseguir justicia para Jonatan.

En el cierre de la marcha, autoconvocadas feministas también denunciaron a la fiscal Kelm por su actuación en el caso del femicidio de Cecilia Basaldúa. También se criticó el accionar represivo del comisario Bracamonte contra la protesta en rechazo a la Autovía de montaña.

Para el abogado de la familia, Luis Galli, Jonatan pudo haber muerto durante la detención. Por el crimen hay seis policías detenidos, cuatro de ellos acusados de homicidio calificado por su condición de integrantes de la fuerza, mientras que los otros dos están privados de libertad por encubrimiento.

La prensa destacó un supuesto “cambio” en el gobierno en relación a cómo intervenir una vez producido otro crimen de Estado. Sin embargo, no hay que dejar llevarse de la prensa interesada. Y es que pese a que en otras ocasiones, como el crimen de Joaquín Paredes, pasaron a retiro al exjefe de la policía, Gustavo Vélez, ahora siquiera hay rastros de que ocurra algo similar con la actual jefa, Liliana Zarate.

Es claro que, para el gobierno, la cadena de responsabilidades solo llega a la separación del cargo del exdirector general de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, Julio Faría, y la separación del puesto del exdirector de Entrenamiento Policial Permanente, Marcos Manrique. Tenemos, por lo tanto, una medida que apunta a salvar las responsabilidades políticas.

Vale recordar que con la designación de Zarate se buscó explotar el perfil femenino de la jefa para atribuirle algún carácter progresivo, así como la búsqueda de esta última de hacer eje en la formación de los integrantes de la fuerza. También hay que recordar que asumió en momentos en que se puso en marcha el protocolo de uso de armas de fuego. Ahora, tras el crimen de Jonatan, la jefa tuvo que reconocer que los uniformados ni siquiera actuaron siguiendo un protocolo que data del 2019. Un escándalo.

Crímenes de Estado nunca más

Este cuadro pretende ser explotado de manera oportunista por la alianza Juntos por el Cambio. Sin embargo, esta oposición patronal brega por un reforzamiento del aparato represivo de conjunto, son partidarios de “la doctrina Chocobar” y comparten espacio con represoras y defensoras del gatillo fácil como Patricia Bullrich, una de las responsables políticas de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado.

La descomposición del poder judicial y de la Policía requiere del desarrollo de un programa de transformación social, que desmantele el aparato represivo de conjunto. En cuando a la Justicia, es necesario que jueces y fiscales sean electos por el voto popular.

La próxima marcha contra el gatillo fácil será una oportunidad para denunciar la impunidad de un aparato represivo asesino del que se valen los gobiernos para reprimir los reclamos populares, mantener el control social a punta de pistola y así hacer pasar el pacto de ajuste. Justicia para todas las víctimas de la policía de Juan Schiaretti. Basta de crímenes de Estado.