Después de obtener la media sanción en el Senado del nuevo código de faltas en una sesión express y con la ausencia de la oposición, el oficialismo lograría su aprobación también en la Cámara de Diputados.

El proyecto es resistido por numerosas organizaciones políticas, sociales y de DDHH por criminalizar la pobreza y la protesta social. Este reforzamiento del aparato represivo que ha llevado a cabo el gobierno con la complicidad del PJ, junto a otras medidas como la aprobación de la emergencia en seguridad, tiene como principal objetivo regimentar la vida de las barriadas y la lucha de los trabajadores contra el ajuste.

El senador del PO-FIT Víctor da Vila, quien denunció fuertemente la aprobación de este mini código penal en el Senado, sostuvo que “en un cuadro de creciente malestar social por la bancarrota económica, los tarifazos y la carestía, la represión es la forma de garantizar el ajuste capitalista y el acuerdo con el FMI contra la reacción obrera y popular.”

Diversas organizaciones gremiales, sociales y de DDHH han ido sumando sus voces contra el avance punitivo en la provincia.

Desde la CTA Autónoma han manifestado su total repudio a este código que significa un verdadero cercenamiento de los derechos a la protesta y la movilización.  Se impone el requisito de la “autorización previa” para cualquier reunión de personas o manifestación en lugares abiertos o cerrados y se sanciona con dureza pintadas, afichadas o la propalación de ofensas a funcionarios públicos y el uso de las redes sociales para realizar convocatorias masivas. Esta orientación es la que se ha expresado en la condena a la secretaria general de la CTA-A Raquel Blas por acompañar distintos reclamos de los trabajadores, un ataque al sindicalismo y de todos aquellos que salgan a la calle por sus demandas.

En el mismo sentido que la CTA-A se pronunció el Sute (Docentes), que denuncia también la resolución 2097 de la DGE (Dirección General de Educación) con la que pretenden judicializarse las ocupaciones pacíficas de institutos. También denuncia la persecución a docentes y estudiantes.

También se pronunciaron los compañeros del Polo Obrero, quienes sostuvieron que el código es un verdadero ataque contra la juventud, principalmente en los barrios. Se avanza con las figuras de la averiguación de antecedentes, con disposiciones de 3 a 10 días de arresto, y de "merodeo", lo cual convierte a cualquier persona pobre que baje al centro en sospechosa y susceptible de ser detenida por “portación de rostro”. Por otro lado, Correpi Mendoza se pronunció en el mismo sentido y denunciaron que estigmatiza y persigue a quienes intentan sobrevivir con trabajos precarizados en la calle, como trapitos, limpiavidrios, vendedores ambulantes, artistas callejeros y personas en situación de prostitución.

Desde el Colectivo Ni Una Menos Mendoza advierten sobre la peligrosidad de la mirada en general de este proyecto para la sociedad en su conjunto y particularmente para mujeres, niñas, adolescentes y colectivos de la diversidad sexual. Se denuncia el artículo 118 que plantea multar y sancionar a quien por su ausencia genere una búsqueda estatal. Esta norma desconoce la problemática en materia de violencia de género que pueden sufrir algunas personas, y lejos de proponer soluciones multidisciplinarias, culpabiliza a posibles víctimas de graves delitos, según el comunicado de esa organización.

Desde el Partido Obrero nos oponemos a esta nueva ofensiva del gobierno contra los trabajadores y la juventud. Llamamos al conjunto de la población a rechazar cualquier intento de regimentar la vida de los mendocinos, las luchas obreras y cualquier tipo de expresión artística y popular.

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