El gobernador Rodolfo Suárez resolvió avanzar con un proyecto de ley que el exgobernador Alfredo Cornejo había enviado a la Legislatura antes de terminar su mandato. Este proyecto busca modificar la composición del Comité de Prevención contra la Tortura en Mendoza, organismo fundado en 2011 tras un acuerdo con la ONU por la grave situación de las cárceles en Mendoza, cuya función es supervisar las condiciones de los espacios en donde se encuentran las personas privadas de libertad como cárceles, comisarías, hospitales de salud mental, hogares y geriátricos.

El organismo actualmente está conformado por doce miembros de organismos de derecho humanos y presidido por un procurador de las Personas Privadas de Libertad elegido mediante concurso de antecedentes. El gobierno busca reducir el número de miembros a uno, incorporar al organismo a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, funcionaria que recientemente avaló la represión contra trabajadores municipales de capital y que el procurador sea propuesto por el gobernador con acuerdo del Senado. Una cooptación del organismo por parte del Ejecutivo provincial.

La gravedad de esta reforma no es menor. El gobierno lograría la eliminación virtual del Comité que en ocasiones es un obstáculo en su política represiva, para poder ir más a fondo en su modelo de seguridad a la norteamericana, dando rienda suelta a la brutalidad policíaca y la tortura mientras garantiza la impunidad de su accionar con una Justicia adicta.

La caída brutal de la recaudación impositiva de la provincia y los vencimientos de deuda en el corto plazo son un cóctel explosivo. La caída de la actividad económica, el desempleo, los salarios de miseria, la expansión de la pandemia y el hambre que crece en las barriadas humildes de la provincia van generando un descontento popular. Es por esto que a lo largo de la cuarentena el gobierno ha ido reforzando un discurso autoritario, que responsabiliza a la población por los contagios de Covid-19 y por lo tanto del agravamiento de la crisis económica, mientras la policía impone multas y detenciones completamente arbitrarias.

 

Es en este marco que el gobierno reprimió tres veces a los trabajadores municipales de la capital en lucha por la recomposición de sus salarios, con la intención de disuadir futuras acciones y reformó el Código de Faltas de la provincia para criminalizar las reuniones en casas particulares mientras decreta la apertura de bares y restaurantes. De esta manera, Suárez busca sentar las bases de un estado autoritario para disuadir acciones de los trabajadores y dar rienda suelta a la represión policial a las luchas que se desaten.

Sin embargo, el gobierno ha encontrado límites para poder llevar esta política a fondo. En primer lugar porque depende de una coalición política que condiciona su liderazgo, como es el hecho de que Cornejo tiene el control del Poder Legislativo y Judicial. Además está subordinado al giro de fondos del gobierno nacional y por ende al PJ. Pero, por sobre todo, porque ha encontrado una férrea respuesta del pueblo mendocino cuando reprimió los reclamos populares, con grandes movilizaciones que repudiaron la represión, como sucedió con el intento de reformar la ley 7722 para habilitar la minería contaminante o con la marcha después de la represión a los municipales.

Desde el Partido Obrero rechazamos la reforma del Comité de Prevención contra la Tortura y consideramos que es necesario  avanzar en un programa que garantice el pleno ejercicio de las libertades democráticas, contra el gatillo fácil y el abuso policial. Exigimos la derogación del Código de Faltas y del Código de Convivencia de la capital, la elección directa y revocabilidad de mandatos de jueces y fiscales, que se archiven todas las causas y multas contra activistas, luchadores, organizaciones políticas y sindicales. Basta de descargar la crisis sobre los trabajadores y la juventud, que la paguen los que la generaron.