Los dos ex policías responsables de las torturas y muerte de Miguel Bru acaban de ser condenados a prisión perpetua. El suboficial responsable de adulterar el libro de guardia borrando el nombre de Miguel fue condenado a dos años de prisión y el comisario, responsable de la red que dentro de la comisaría fue responsable del operativo criminal, a otros dos años.

Sin embargo, el suboficial y el comisario “no irán presos porque ya cumplieron los dos años en prisión mientras esperaban que se hiciera el juicio” (Clarín, 18/5). Tampoco el sargento López, uno de los asesinos, que está libre bajo custodia porque la Cámara de Casación resolvió excarcelarlo al no haberse realizado en dos años el juicio respectivo y sólo podrá volver a prisión en caso de que la sentencia quede firme.

El juicio que ha sido presentado por el duhaldismo y la Alianza como el “fin de la impunidad” en la ‘democracia’ ha dejado a uno solo de los responsables en prisión y ha ‘indultado’ a toda la red política del crimen. Rosa Schonfeld, la madre de Miguel, denunció la libertad del titular de la comisaría: “está muy mal, yo esperaba más, porque ese comisario permitió las torturas y, con la aparición del libro de guardia adulterado, quedó en evidencia el grado de impunidad con que se manejaban” (Crónica, 18/5).

Esa prueba que permitió el juzgamiento, revela la existencia de un sistema que va mucho más allá de la comisaría 9ade La Plata. Los primeros testigos fueron convocados dos años después del hecho, los detenidos que vieron el calvario de Miguel Bru fueron trasladados y amenazados para garantizar su silencio, la comisaría fue refaccionada para anular el testimonio de los presos que habían visto las torturas.

El ex juez Amílcar Vara, encubridor consciente y destructor de pruebas en el ‘caso Bru’, está en libertad con el silencio cómplice de la Legislatura, las Cámaras y la Suprema Corte Bonaerense. El propio padre de Miguel, que es suboficial de la policía bonaerense, advirtió que “van a continuar los apremios ilegales” porque éste es el”método” de los “servicios de calle” de las comisarías (ídem).

El testimonio más revelador de la red de impunidad estaba presente en el propio estrado donde se dictó el veredicto a los asesinos de Miguel: allí estaban las madres de Pérez Rojas, asesinado en Quilmes; de José María Biela, muerto en un “confuso hecho policial” en San Francisco Solano; de Mariano Vázquez, otro asesinado por el ‘gatillo fácil’; de Edgardo Godoy, muerto en Gutiérrez; de Leticia Bellested, muerta también en Quilmes en un “no aclarado episodio” que involucra al comisario Viglianco, quien también actuó en la ‘investigación’ por Cabezas. Y los que no pudieron estar: los familiares del obrero Núñez, asesinado como Bru y con todos los responsables en libertad por prescripción de la causa; de Christian Campos; de los chicos de Budge…

El castigo a dos de los asesinos de Miguel Bru fue el fruto de una movilización tenaz a partir de circunstancias propias: “el era alumno de la Escuela de Periodismo de La Plata, de la universidad pública, y desde ese lugar es que se gestaron las movilizaciones y el reclamo” (Página 12, 18/5).