Los fondos del APE (Administración de Prestaciones Especiales) que administra el Estado y que están destinados a tratamientos de alta complejidad, son investigados por los jueces federales Bonadio y Oyarbide. Se apoyan en investigaciones de la Auditoría General de la Nación. Según la denuncia de dos diputados, la AGN determinó que falta documentación en el 73,71% de los expedientes.

Allí se descubrieron asignaciones a enfermos inexistentes, otras sin documentación respaldatoria y los famosos troqueles falsos en medicamentos. Entre ellas figura un subsidio a la Obra Social Ferroviaria, en 2009, por 2,8 millones de pesos, fundado en análisis clínicos que no responden al beneficiario del tratamiento y cuyo “contacto médico” es el médico auditor de la propia obra social, encargado de controlar el tratamiento ordenado por otro médico que no existe. En noviembre de ese año, Cristina Kirchner elogiaba a la Unión Ferroviaria como “modelo del sindicalismo que construye”.

Ya vemos que el alineamiento kirchnerista de la Unión Ferroviaria no era gratis, seguramente ahora tampoco.