El lunes 5 de agosto, organismos y militantes de derechos humanos presentamos un amparo y medida cautelar contra la transferencia del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) -que actualmente funciona en el hospital Durand- al nuevo edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además, en la demanda presentada se solicitó también la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la ley 26.548 que restringen la competencia del BNDG a los casos de lesa humanidad previos al 10 de diciembre de 1983. El amparo quedó radicado en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1, a cargo del juez Ernesto Marinelli. Entre los patrocinantes demanda, se encuentran Apel y otros organismos de derechos humanos que integran Memoria, Verdad y Justicia. Luego, realizamos un abrazo simbólico a la actual sede del BNDG, en el hospital Durand, para manifestarnos contra el desguace y vaciamiento del banco. Sus trabajadores salieron del laboratorio para saludar la manifestación. Por último, una delegación fue recibida por directivos del hospital, a quienes se les transmitió de manera directa el reclamo.

Negociado

El traslado del BNDG a la nueva sede, responde al objetivo del gobierno de convertirlo en una plataforma para el lanzamiento de un "Instituto de Genómica Humana" en sociedad con laboratorios y capitales privados. Como "coordinador" del traslado había sido nombrado Hernán Dopazo, un lobbista de los grandes laboratorios. Con la venia del ministro Lino Barañao, Dopazo celebró convenios con empresas vinculadas con el desarrollo de medicina genómica. Esto puso en evidencia la voluntad del gobierno de hacer negocios con el BNDG, disponiendo del material, equipamiento, muestras y fuerza de trabajo. En definitiva, se trata de la misma orientación que convirtió al Ministerio de "Ciencia" en una agencia de Monsanto. La genómica humana no tiene que ver con la averiguación de identidades, objeto para el cual fue creado el BNDG en 1987.

¿Fecha de vencimiento?

La restricción de las competencias del BNDG a los casos ocurridos antes del 10 de diciembre de 1983 fue el primer paso hacia el desguace. La restricción que artificialmente se le ha impuesto al BNDG excluye entonces las causas judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas ocurridas bajo gobiernos constitucionales, como fueron las de Julio López, Luciano Arruga, Marita Verón y Daniel Solano, entre otros. También deja afuera a las personas carentes de recursos que tienen expedientes de filiación por causas ajenas a las de lesa humanidad. Los juicios de filiación común o particular deberán recurrir -si se concreta este atropello- a laboratorios privados. Es una regresión que viola el derecho humano elemental de las personas a la certeza sobre su identidad.

La movilización contra el desguace del BNDG cuenta con el apoyo de decenas de luchadores de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen y M. Esther Biscayard de Tello; las Abuelas "Chicha" Mariani y Elsa Pavón, y Adolfo Pérez Esquivel, entre muchos otros. Una vez más, el "gobierno de los derechos humanos" prioriza negociados sobre la búsqueda de la verdad. Desde que fue creado en 1987, la responsabilidad sobre el BNDG estuvo compartida entre los gobiernos de la Ciudad y de Nación. Ante este manotazo del gobierno nacional, el gobierno de Macri mantiene un silencio cómplice. Porque el BNDG nos permitió encontrar 107 hijos y nietos, continuaremos esta lucha contra vaciamiento del BNDG.