Absolución a Arakaki y Ruiz

“Necesitan aleccionar a la clase trabajadora”

Andrés/ Ojo Obrero fotografía

El pasado 8 de noviembre, en un fallo aberrante y sin pruebas concretas, el juez Javier Feliciano Ríos me condenó a 3 años y 4 meses, y a Daniel Ruiz a 3 años, ambos con prisión efectiva por la manifestación del 18 de diciembre de 2017 contra la ley previsional macrista, que ajustó al sector más vulnerable de la población como son los jubilados.

Es un hecho gravísimo, ya que desde el año ’83 que no se condena por intimidación pública a manifestantes. El fiscal Juan García Elorrio y el juez dicen que nosotros dos intimidamos a los manifestantes, algo totalmente absurdo. ¿Cómo vamos a ir a una manifestación a intimidar personas que protestan por lo mismo que nosotros? ¿Cómo vamos a ir a intimidar a nuestros propios compañeros? No existe un solo manifestante que haya dicho que nosotros quisimos intimidarlo. Hemos comprobado con pruebas fehacientes durante el juicio que los que intimidaban a manifestantes eran los uniformados.

Otra de la causas es resistencia a la autoridad, cuando los uniformados venían reprimiendo salvajemente desde el 14 de diciembre y producto de esa represión se suspendió la sesión en el Parlamento y continuó el 18 con más represión. La orden dada por el Estado a los uniformados fue despejar la plaza. Como prueba de esta salvaje represión hay manifestantes que perdieron un ojo, hay una persona atropellada y lesionada gravemente por un policía, este recibió la condena de solo 3 años en suspenso. ¿Para los represores, la libertad, y para nosotros, la cárcel efectiva? Resistencia a la autoridad es una condena falsa porque las personas tienen derecho a la manifestación pública y fueron reprimidas. Se me condenó por lesión en agresión a un uniformado, algo que también rechazamos a través de un video que confirma que no le provoqué ninguna lesión; producto de esto la querella se retiró de la acusación. El fiscal y el juez siguieron con este juicio arbitrario e injusto.

Durante el transcurso del largo juicio pasaron más de 140 testigos uniformados y de la Defensoría del Pueblo, ninguno de ellos nos apuntó concretamente como agresores. A nosotros se nos dio solamente la posibilidad de tres testigos a favor. Como dijimos en un primer momento, este juicio, una semana antes de las elecciones, fue político y con el intento de criminalizar la protesta social; necesitan aleccionar a la clase trabajadora porque está visto que van a seguir profundizando el ajuste acordando con FMI.

Llamamos a todas las organizaciones políticas, de derechos humanos, partidos y dirigentes del campo popular a movilizarse para repudiar esta condena junto con los dichos de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra nosotros apenas se conoció la condena. Esta es una condena a la clase trabajadora, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Junto a la lucha por nuestra absolución, llamamos a reclamar por la libertad de Sebastián Romero y el rechazo a la extradición de Facundo Molares.

No vamos a parar hasta conseguir nuestra absolución, porque los que deben estar en el banquillo de los acusados son los que mandaron la represión aquellos días, y no alguna de las 300 mil personas que nos manifestamos.

La lucha continúa hasta que gobierne la clase trabajadora.