En una clara acción intimidatoria, un grupo de desconocidos ingresó el sábado 27 de agosto al domicilio de Hugo Pérez, vecino de Quequén, quien integra las organizaciones “Vecinos Autoconvocados del barrio Puerto Quequén” y “Por los 1.000 metros libres de fumigación en Necochea” y le colocaron en la luneta trasera de su vehículo una botella conteniendo un líquido y un cartel con la leyenda: “Danger Fosfamina” (“Peligro Fosfamina”, que es un producto venenoso utilizado en fumigación). 

 

Pérez es, además, un activo luchador en la causa de “Justicia por Melisa”, la joven que muriera víctima del derrame de fosfuro de aluminio en el barrio y donde están implicados todos los sectores políticos patronales de Necochea.

 

Este hecho de violencia se realiza en una semana en la que las luchas de los integrantes de los “1.000 metros libres” se han hecho escuchar y han logrado repercusión nacional al denunciar la impunidad con que se mueven -respecto a la contaminación- las empresas fumigadoras y los productores, que operan amparados por el Consorcio Puerto de Quequén, un verdadero “poder detrás del trono”.

 

Además, durante la semana también hubo novedades en la causa de Melisa Núñez. No es casual, entonces, este tipo de actos destinados a intimidar a un luchador como Pérez y, por elevación, a todo el movimiento ambientalista.

 

Zonas liberadas

 

Cuando los negociados que causaron la muerte de Melisa tomaron estado público, gracias a la lucha de los movimientos ambientalistas y las asambleas de vecinos, comenzaron las amenazas, hasta llegar a atentados, como fue el caso del incendio del trailer gastronómico que utiliza para trabajar nuestra compañera del Partido Obrero, Mónica Conesa (cara visible también de la lucha ambiental). En diciembre se encontró un tubo con pastillas de Phostoxin (un compuesto químico muy tóxico, también utilizado en fumigaciones), frente al domicilio donde falleció Melisa.

 

Hay múltiples indicios respecto del rol que juegan las fuerzas de seguridad como garantes de la liberación de las zonas donde viven los luchadores, para que puedan accionar libremente estas bandas mafiosas.

 

¿Quiénes cortan el bacalao?

 

La muerte de Melisa sacó a relucir negociados de todo tipo alrededor de las empresas radicadas en las inmediaciones del Puerto Quequén. También quedó al desnudo la complicidad del municipio con las empresas, ya que la Secretaría de Medio Ambiente permitió el acopio de material explosivo en las inmediaciones de las viviendas.

 

La economía de Quequén-Necochea se mueve en torno al puerto cerealero y el Consorcio del Puerto de Quequén es el que decide, con complicidad del Ejecutivo y de todo el Concejo Deliberante, sobre la radicación de todo tipo de empresas contaminantes en los cascos urbanos. El Consorcio es gestionado por Arturo Rojas, ex concejal y mano derecha del macrista Gerónimo Venegas, titular de la Uatre, el sindicato de los peones rurales.

 

La respuesta popular

 

Por el esclarecimiento del caso de la muerte de Melisa se convocó una concentración para el 30 de agosto frente a la municipalidad, que contó con la presencia de 80 vecinos, quienes se encontraron con un fuerte vallado policial. Una delegación fue recibida por el secretario de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, Luciano González (FR) y por la secretaria de Bienestar Social, Jimena López, hermana del intendente, quienes se “comprometieron a hacer público el repudio de este hecho”, algo que todavía no han hecho.

 

Para terminar con las zonas liberadas, el Partido Obrero propone la apertura de los libros de guardia de la policía para su control por parte de vecinos y organizaciones de derechos humanos y la elección de comisarios, jueces y fiscales mediante el voto popular.

 

El Partido Obrero repudia estos hechos de violencia y brinda su total apoyo a Hugo Pérez. El Consorcio del Puerto debe ser dirigido por asambleas vecinales y de medio ambiente, para que las ganancias que produce el puerto sean orientadas a la industrialización del distrito, volcadas a la obra pública y que se inviertan en el servicio público de salud.

 

En lo inmediato exigimos que se cumpla con la ordenanza que obliga al Consorcio del Puerto de Quequén tributar el canon al municipio para invertirlo en la obra pública, ya que desde el 1 de enero dejó de pagar y la deuda ya alcanza a los 46 millones de pesos.