La justicia neuquina ha dispuesto la prisión preventiva por cuatro meses contra Armando López, dirigente barrial  partícipe de una de las tomas en la ciudad. Aunque dentro del paquete de acusaciones se lo señala como responsable de “tráfico de influencia” y de “cobros dinerarios a las familias que ingresaban a los lotes”, lo cierto es que bajo la mascarada de penalizar a un estafador, la formulación de cargos y la medida privativa de la libertad es por haber planificado, diseñado y organizado la toma de tierras en la llamada “bajada de Pluspetrol”. El hecho reviste una gravedad inusitada y debe repudiado por el conjunto de las organizaciones populares y de lucha.

 

La acusación fue impulsada por el gobierno provincial y es presentada como una cruzada contra los estafadores y los negociados en las tomas. Pero se trata de una fruta envenenada, pues al Estado no le interesa investigar la corrupción, porque es el mismo gobierno el que avala las llamadas “cuotas sociales” que cobran  las cooperativas afines al poder, las designaciones a dedos que hace el Instituto de la vivienda y urbanismo, las ocupaciones ilegales en las riberas de los ríos por parte de los ricachones o los sobreprecios en la obra pública, dónde la principal beneficiada es la empresa CN Sapag.

 

Las denuncias de cobro de los terrenos a las familias ocupantes, que representan un manejo punteril completamente repudiable, no deben ocultar el peligro y la finalidad de la decisión judicial.  Es que, por un lado, asistimos a una clara judicialización de la protesta ya que se criminaliza la participación en una lucha social, como lo es la ocupación de tierras, para luego utilizar este antecedente contra otra causa popular. Y, por otro lado, porque representa un mensaje de amedrentamiento a las miles de familias que están luchando en las ocupaciones por contar con su propia vivienda. Los elementos probatorios presentados por los fiscales son graves, porque mencionan a cuadernos con listado de vecinos, teléfonos, citas y reuniones para organizar la toma.

 

Con estos antecedes, la preparación y la ejecución de una ocupación de fábrica contra despidos y suspensiones, la ocupación de facultades o escuelas y la propia toma de terrenos caerán bajo el peso de la persecución penal.

 

Para los socialistas del Partido Obrero el rechazo a la criminalización de la protesta social es una cuestión de principios. Incluso si esa criminalización se realiza contra un puntero como lo es López, que es militante de la  Democracia Cristiana y fue candidato a concejal por Jorge Sobisch en las pasadas elecciones. Todo el mundo conoce que, con el ex gobernador, nos separa una línea de sangre, por su responsabilidad en el asesinato del maestro y compañero Carlos Fuentealba. Pero que el Estado se otorgue la legitimidad a la persecución judicial por el delito de instigar a una ocupación de tierras, con independencia del personaje imputado,  constituye un reforzamiento de la política de criminalización de la protesta social.

 

En momentos que las ocupaciones de tierras conmueven a la provincia y ponen de manifiesto el brutal déficit habitacional en la” mejor provincia del país”, lo que se intenta  penalizar no es  la corrupción y los manejos punteriles, sino asestar un golpe a la lucha social, en este caso la vivienda y la tierra.