El juicio de extradición contra Facundo Jones Huala que comenzará este miércoles se realizará en un marco represivo que ilustra muy bien la persecución a las comunidades mapuche. 



El gobierno provincial de Alberto Weretilneck dispuso un despliegue de fuerzas de seguridad que tendrá “características especiales y nunca desplegadas en la ciudad” (La Nación, 26/2). El juicio se realizará en un microestadio que tiene espacio para 1.500 personas, pero sólo accederán 23 personas y apenas siete medios de comunicación, todos éstos elegidos a dedo por el juez federal Gustavo Villanueva. Esto provocó que el Sindicato de Prensa de Bariloche y la Zona Andina rechazara la medida arbitraria del juez (Río Negro, 25/2). Una vez más queda en evidencia el atropello de la causa a Facundo Jones Huala. 



Causa viciada 



En el marco del juicio de extradición al lonko Facundo Jones Huala, han salido a luz declaraciones de autoridades de la justicia chilena y argentina que revelan que FJH quedaría en libertad inmediatamente en caso de ser extraditado. Sin ir más lejos, los compañeros de FJH que fueron encarcelados con él, por la misma causa en 2013, fueron liberados en noviembre del 2014 porque no se encontraron las suficientes elementos para probar las acusaciones en su contra y la justicia dictaminó que no habría vínculo entre los delitos y los militantes mapuches. José Gerez, fiscal general de Neuquén, y el fiscal chileno Sergio Fuentes Paredes dejaron entrever que dado el tiempo transcurrido y tomando en consideración el fallo que dejó en libertad a los pares de Jones Huala, con este ocurriría lo mismo que con sus compañeros chilenos (Clarín, 22/2). Sin embargo, el gobierno nacional y los gobernadores patagónicos están empeñados a fondo en la persecución a las comunidades mapuche y sus reclamos de tierra, que chocan con los intereses capitalistas –mineras, petroleras, inmobiliarias– desplegados en la región y quieren dejar sentado un precedente de colaboración con el gobierno chileno en materia represiva.



Esto significa que Jones Huala quedaría en libertad una vez extraditado, en un plazo no mayor a 60 días. Este tiempo sumado a  los meses que estuvo preso en 2013 son considerados como una condena por lo que lo dejaría en libertad.



Desde el Partido Obrero insistimos en la no extradición de Jones Huala y su inmediata libertad. Acompañaremos a las comunidades mapuche en este juicio enviciado por el gobierno nacional, acompañados por los gobernadores y jueces en pos de defender los intereses de los Benetton y los Lewis.