El 28 de febrero comenzará el segundo juicio de extradición a Facundo Jones Huala, líder de la comunidad mapuche Resistencia Cushamen, de Chubut, encarcelado desde junio del 2017. La fecha fue dispuesta por el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva.

Jones Huala había sido encarcelado, por orden de ese mismo magistrado, en 2016, a consecuencia del pedido de extradición de Chile por un presunto atentado en el país limítrofe. Ese juicio, a cargo de Guido Otranto, fue anulado por éste en septiembre de ese mismo año, por la constatación de que el principal testimonio contra el dirigente mapuche había sido arrancado mediante torturas.

La segunda detención de Jones Huala se produjo el mismo día en que Mauricio Macri se reunió con la entonces mandataria chilena, Michele Bachelet. Ambos gobiernos se encuentran asociados en la persecución a las comunidades mapuches, a uno y otro lado de la Cordillera, en beneficio de los intereses de los grandes grupos capitalistas: los Benetton, los Lewis, las mineras y petroleras multinacionales. El recrudecimiento de las luchas mapuches responde al copamiento empresario sobre sus territorios ancestrales, con el amparo y la protección estatal. El gobierno avanza con la militarización de la Patagonia, en el marco de la cual fueron asesinados por las fuerzas represivas del Estado Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. El gendarme Emmanuel Echazú, único imputado en la muerte de Maldonado, fue ascendido por Patricia Bullrich en señal de respaldo político, anticipando lo que luego ocurrió con Chocobar, recibido con honores por Macri y Bullrich en Casa Rosada. 

El argumento del gobierno para justificar la represión al pueblo mapuche ha sido el de la existencia de una “organización armada”; sin embargo, en cada uno de los allanamientos realizados en varias comunidades sólo se han encontrado herramientas de trabajo, luego secuestradas y presentadas como armamento.

El juicio

El encarcelamiento a Facundo Jones Huala y el rechazo a su pedido de excarcelación en diciembre último por problemas de salud se enmarca en esta persecución a quienes se organizan para luchar por sus derechos.

Los abogados del líder mapuche aseguran que su detención ha sido inconstitucional y “que ‘se trata de un juicio político, no jurídico’, al recordar que Villanueva rechazó 55 de las 72 medidas de prueba planteadas por la defensa” (El Día, 15/2). También que “el fiscal en el juicio será Jorge Bagur Creta, ya jubilado, pero que estará presente en el proceso en función de una acordada de la Corte Suprema, por ser el responsable del Ministerio Público que participó de la última detención” y contar con experiencia en extradiciones (ídem).

El juicio se llevará a cabo en el Gimnasio N°3 de la ciudad de Bariloche. Si bien el lugar tiene capacidad para 1.500 personas, el juez Villanueva reclamó a la provincia de Río Negro un dispositivo especial de seguridad por temor a la presencia una gran cantidad de manifestantes (Clarín, 15/02).

Desde el Partido Obrero estaremos presentes acompañando a la comunidad Pu Lof Cushamen. La no extradición significaría una victoria contra el avance de las mineras y petroleras y en la defensa de las libertades democráticas.