El gobierno nacional anunció la creación de un cárcel federal en el predio ex -Batallón de Arsenales 603, de la ciudad de Fray Luis Beltrán, en el Cordón Industrial sur de Santa Fe. Gran parte de sus instalaciones se encuentran sin uso, desde que en el año 2015 se produjo el escándalo por la venta ilegal de municiones.

El predio, perteneciente al Ejército Argentino, fue utilizado como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. Integró un circuito represivo junto con centros clandestinos de detención del Gran Rosario, como La Calamita (Granadero Baigorria), la Intermedia (La Ribera) y Quinta de Funes, dependientes del Comando del II Cuerpo de Ejército, responsable de la represión ilegal en Santa Fe y el Noreste de la Argentina.

Actualmente, el predio cobija un barrio, una escuela primaria y los estudiantes del Instituto 22 utilizan sus instalaciones también por carecer de edificio propio. 

El anunció de que allí se instalaría un penal generó un fuerte rechazo entre la población. Haciéndose eco del repudio popular, el intendente del PJ Cominelli se pronunció contra la instalación de la cárcel, pero propone, en su lugar, la instalación de una aduana o base de Prefectura, lo que a todos fines supone el reforzamiento del aparato del Estado y por sobre todo un ocultamiento de que en ese espacio que se cometieron crímenes de lesa humanidad, que tuvieron como principales víctimas al activismo obrero y fabril del cordón industrial y a los militantes populares.

Desde el Partido Obrero rechazamos la enajenación del predio para la construcción de un penal o cualquier otro fin que no sea el de preservarlo como testimonio del genocidio de la dictadura, debidamente señalizado y abierto a la población, donde se de a conocer el alcance de los crímenes cometidos por el Ejército Argentino. Transitoriamente, los institutos educativos y las viviendas populares allí instaladas deben ser respetadas, hasta que los gobiernos den una salida definitiva y satisfactoria a la falta de infraestructura.

No podemos dejar de señalar que la construcción de un penal se integra a la política de emplazamiento de fuerzas represivas acordada por los gobiernos nacional y provincial, como el plan “Cosecha Segura”, instaurado durante la cosecha gruesa, para romper con Gendarmería los piquetes de trabajadores en el acceso al puerto. 

La construcción del penal no resolverá el problema de la inseguridad –ya que el narcotráfico instalado en nuestra región tiene como condición sine qua non la complicidad política y policial– ni el hacinamiento en las cárceles federales, donde el 60% de los detenidos no tiene condena firme.

Planteamos movilizarnos junto a trabajadores, vecinos y organismos de derechos humanos para decir:

No a la militarización del Cordón. Abajo el plan ´Cosecha Segura´.

No a la cárcel federal. Por un espacio de la memoria que recuerde la historia de lucha del pueblo trabajador del cordón industrial.  

Por la preservación del barrio, la escuela y todo uso educativo.

Memoria, Verdad y Justicia