No al traslado del Banco de Datos Genéticos

Audiencia pública contra el traslado del Banco de Datos Genéticos

El martes 17 realizamos una audiencia pública en la Legislatura, convocada por la banca del Frente de Izquierda, con la consigna “Por la universalización del derecho a la identidad – No al traslado del BNDG”.

El panel de oradores estuvo integrado por Marcelo Ramal; Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo; Rosaura Barletta, de Familiares y Amigos de Luciano Arruga; Luis Verdina, de la ONG “¿Quiénes somos?”; Belén Rodríguez Cardozo, directora del BNDG, y los abogados Diego Aysine, de Apel, y Gabriela Figueroa. Además, participaron Nora Cortiñas y Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo); Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj); Elsa Pavón, de la Asociación Anahí; Margarita Pinto y Marcela Gudiño, del Colectivo Memoria Militante; Osvaldo Barros y Néstor Carlini, de la Asociación ex Detenidos Desaparecidos, entre otros.

El objeto de la audiencia fue presentar el proyecto de declaración impulsado por el Frente de Izquierda contra el traslado del Banco de Datos Genéticos impulsado por el kirchnerismo, una maniobra que tiene por finalidad la privatización del organismo.

A través de las comparaciones de material genético realizadas en el BNDG, se pudo restituir la identidad de un centenar de chicos apropiados por los represores durante la dictadura militar y también la de muchas personas cuya identidad fue sustraída en democracia (chicos nacidos en las redes de trata, por ejemplo). Actualmente, el BNDG es un ente autárquico que funciona dentro del Hospital Durand. El kirchnerismo pretende trasladarlo al edificio del Ministerio de Tecnología. Su finalidad es desarrollar a partir de él un “Instituto de Genómica Humana” en sociedad con laboratorios y capitalistas de la salud. Para consumar este despojo, debe contar con el acuerdo del gobierno de la Ciudad, que hasta ahora se mantuvo en silencio.

El proyecto impulsado por la banca del Frente de Izquierda plantea, además, el rechazo a los artículos 2 y 5 de la ley 26.548, que limita la competencia del banco al esclarecimiento de los casos de desaparición forzada ocurridos antes del 10 de diciembre de 1983. Esta regresión excluye de su intervención los casos de desaparición forzada de personas y sustracción de identidad ocurridos en democracia, como son los de Luciano Arruga, Daniel Solano o Julio López. La sanción de esa ley -en la que intervinieron activamente lobbistas de grandes laboratorios- fue el primer paso hacia el desguace. Un trabajador del BNDG manifestó durante la audiencia que 15 personas por día se acercan a la institución para consultar por su identidad. El mismo estudio que se realizaba gratuitamente en el BNDG tiene, en un laboratorio privado, un costo aproximado de 9.000 pesos.

Todos los oradores coincidieron en denunciar que si el traspaso del BNDG se concreta, será a través de otro pacto entre los gobiernos de Mauricio Macri y CFK, como ocurrió con la reciente disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y el traspaso de la ex Esma.

En el cierre, Ramal llamó a “defender esta causa con toda firmeza e impulsar para el BNDG un directorio electo con representantes de técnicos, especialistas y miembros de las organizaciones de derechos humanos y de los grupos familiares que han acudido al Banco”.


Diego Aysine, abogado patrocinante (Apel)