Leandro Albani, periodista y colaborador de la revista Sudestada, es autor de la crónica que reconstruye la masacre ocurrida el 2 de marzo de 2017 en la Comisaría Primera de Pergamino, cuando la policía de esa localidad bonaerense dejó morir calcinados a siete jóvenes que estaban detenidos en la celda 1. 

El autor, oriundo de Pergamino, retoma el testimonio de los sobrevivientes del incendio, las declaraciones de los bomberos voluntarios y el relato de las familias de los pibes asesinados, para poner en evidencia que lo que ocurrió ese día no fue un accidente sino una “masacre a manos de la policía”. Los 6  ex miembros de la Bonaerense que se encuentran siendo juzgados no accionaron los matafuegos que estaban en condiciones, demoraron en llamar a emergencias y obstaculizaron el ingreso de los bomberos a los calabozos, entre otras acciones que permitieron que el fuego iniciado por un grupo de detenidos avance cobrándose la vida de siete jóvenes que tenían entre 18 y 27 años. 

Durante todo el libro, Albani rescata la enorme organización y la lucha de los familiares que conforman el colectivo “Justicia por los 7”, en una ciudad sojera del norte de la provincia que, según fuentes periodísticas, es la segunda ciudad de Buenos Aires con más policías expulsados de la Bonaerense. 

“Los que valen menos que las balas que los matan”

El autor cuenta la historia de Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Alán Córdoba, John Claros, Franco Pizarro, Juan José Cabrera y Federico Perrota, los siete pibes asesinados. Eran pibes de barrio, a los que denomina “los otros, aquellos que valen menos que las balas que los matan”, destacando que estaban detenidos por causas menores y que en su mayoría no era común que delinquieran. La policía, sin embargo, hacía correr la idea de que “están bien muertos esos negros y chorros”. 

El día de la masacre había en total a 19 detenidos. Los 12 sobrevivientes que estaban repartidos en las celdas 2, 3 y 6 fueron apaleados y amenazados por policías mientras reclamaban que apaguen el fuego. Sus testimonios son contundentes: “nosotros en la comisaría estábamos bien en la convivencia. La policía quería producir algún tipo de diferencias entre nosotros, les molestaba que estuviéramos bien”. Relatan que los efectivos se quedaban con la comida que les traían sus familiares, los amenazaban constantemente con apuñalarlos y decir que había sido en una riña entre ellos. Cuando se produce el fuego en respuesta al maltrato policial, “nos re cagaron a palazos y nos sacaron para afuera (al pasillo), nos hicieron tirar boca abajo, con las manos hacia atrás, y nos amenazaron para que no miráramos a los costados”. Otro de los sobrevivientes declaró: “yo pienso que, así como tuvieron tiempo de abrirnos a nosotros, le podrían haber abierto a ellos (los alojados en la celda 1). Yo escuchaba: ‘¡Auxilio, por favor sáquennos que nos estamos quemando!’, mientras gritaban que avisen a los familiares para que vengan a la comisaria a hacer quilombo afuera, porque si no la policía los iba a matar”. 

Otro testimonio inapelable es de los bomberos voluntarios que actuaron ese día, a quienes desde un primer momento la policía indicó como responsables de las muertes. Fueron llamados 40 minutos después de comenzado el incendio, luego tardaron en abrir la puerta para ingresar a la zona del fuego porque no “aparecía” la llave del candado de la puerta de acceso a los calabozos, y una vez que entraron apagaron el incendio en apenas 3 minutos. “El fuego de la celda se podía manejar, ninguno de los policías ofreció un matafuegos, ni ayuda”.

El autor enmarca esta masacre en el funcionamiento ilegal de las comisarías de la Provincia de Buenos Aires como lugares de detención, ya que la mayoría de ellas está inhabilitada para albergar detenidos. Destaca las alarmantes cifras presentadas por la Comisión Provincial por la Memoria, poniendo de relieve que se pasó de 38.000 presos en 2016 a 43.100 en 2017, de los cuales 38.500 se alojaban en cárceles y alcaldías que cuentan con apenas 20.000 plazas, una superpoblación del 914%. Según las proyecciones de la CPM, en los primeros seis meses de este año la cantidad de detenidos ascendió a 45.700 personas.  

Rescata que la propia CPM, sobre la masacre de Pergamino, denunció que los pibes “estaban bajo custodia del Estado y detenidos de manera ilegal, puesto que se encontraban alojados en una dependencia policial que no reunía las condiciones indispensables para albergar a personas de manera digna y menos por un lapso prolongado”. También cita parte de un informe del CELS que registra que “de los 135 partidos que conforman la provincia, apenas 25 no tienen superpoblación en sus comisarías. En estas cárceles ilegales dos de cada tres personas no tienen donde dormir”. A su vez, el informe menciona que desde 2011 se acrecentó dramáticamente el número de detenidos respectivamente. 

Pergamino horror show

En el capítulo denominado “Pergamino horror show”, Albani hace mención a que ocho meses después de la masacre le llega un comunicado del Partido Obrero de Pergamino titulado “los responsables de la masacre de la Comisaria Primera actúan de nuevo”. El texto denunciaba que el martes 7 de noviembre del 2017 efectivos de la DDI de la localidad detuvieron a un joven de 14 años en el marco de un operativo por averiguación de antecedentes, quien sufrió maltratos y golpes salvajes durante las casi cuatro horas que estuvo detenido, y fue encerrado en un calabozo sin notificar a la fiscalía de turno.

También pone de manifiesto que el 30 de noviembre de 2017 se movilizaron 500 personas junto a los familiares de los policías procesados. Allí Luis Tonil, secretario de DDHH de SIPOBA (“sindicato” de policías), sostuvo que “estamos todos en una situación injusta, tanto los familiares de los chicos como los policías detenidos”, queriendo igualar a las víctimas con sus victimarios, y alegó que “el hilo se corta por lo más delgado” para sostener que los efectivos habrían actuado por “obediencia debida”. Es decir que pretendieron valerse de la descomposición de la Bonaerense para eximirse de culpa y cargo por su propio accionar criminal. Es una radiografía de una institución podrida hasta la médula. 

El periodista también recoge los cuestionamientos a la inacción de la municipalidad, aledaña a la comisaría. Los familiares denuncian que el intendente Javier Martínez, de Cambiemos, es parte responsable de esta masacre, y que nunca se pronunció contra el proceder policial ni el judicial. Con ello, deja planteado que deberían ser juzgadas las responsabilidades políticas del caso.

Valora a su vez que, producto de la lucha incansable de los familiares y amigos de las víctimas, todos los imputados fueron desafectados de la fuerza y cumplen prisión preventiva. Sin embargo, sólo dos esperan el final del juicio en una celda, mientras el resto goza de arresto domiciliario –beneficio que no le concedieron a ninguno de los pibes asesinados, que estaban detenidos por hechos menores. En un proceso que está previsto se extienda hasta mediados de octubre, el TOC n°1 juzgará a los ex policías bonaerenses Brian Carrizo, Alexis Eva, Matías Giulietti, Carolina Guevara, Sergio Rodas y el entonces comisario Alberto Donza —quien estuvo 14 meses prófugo—por el  delito de "abandono de persona seguido de muerte por multiplicidad de víctimas", que contempla penas que van de los 5 a los 15 años de cárcel. 

La maldita policía del Estado burgués

Respecto al rol social de las fuerzas represivas, el autor rescata las palabras de la investigadora Mariana Galvarini, quien expresa que “la Policía tiene un trabajo no tan loable, que es cuidar la propiedad privada. Ese es su trabajo y no tiene nada de productivo. El capitalismo necesita que cuiden su propiedad privada y la policía tiene ese trabajo, es negativo en sí mismo”. 

A ello Albani agrega que “pensar la masacre de Pergamino por fuera del sistema represivo que se construyó en Argentina desde su fundación como república es negar ese propio sistema. Por estos días, en el país se puede ver la peor faceta de la política estatal que tiene entre sus objetivos castigar a los más pobres y solucionar los reclamos de diferentes sectores a través de una lluvia de balas de goma y de plomo”. 

“A los siete pibes de Pergamino no los asesinó una bala fría de la policía, pero también puede calificarse como un caso de gatillo fácil. (…) Lo que les sucedió no es más que otro eslabón en la historia de la represión policial de Argentina. (…) Los casos de gatillo fácil no son más ni menos que una de las metodologías más extremas de control y disciplinamiento social. (…) En la Comisaría Primera se traza una línea histórica que sirve como ejemplo claro: de centro clandestino de detención durante la dictadura a mazmorra de la democracia donde siete pibes fueron asesinados de la peor manera. Esta historia no se repite como tragedia, sino como consecuencia de un sistema que expulsa a quienes considera una sobra o un peligro”, sentencia el periodista. 

La masacre de Pergamino no es solo un caso de brutalidad policial, sino la expresión de una política de Estado. “Prefiero a los delincuentes amontonados y no liberados”, fueron las palabras de Christian Ritondo, el ministro de Seguridad del gobierno de Vidal. Un año y medio después, otra masacre similar se cobraba la vida de diez jóvenes en la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría, el 15 de noviembre de 2018. El sobrepoblamiento de las comisarías y cárceles -donde más de concentra la brutalidad de un Estado y un régimen social que criminaliza a la juventud- fue advertido como una grave falla a los derechos humanos hasta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos.

Estas masacres son otra expresión de la doctrina Chocobar que proclama Patricia Bullrich, que llevó a un incremento del índice de asesinatos por gatillo fácil de uno cada 40 horas a uno cada 22 horas. Aquí también la Bonaerense volvió a dar cátedra, el 20 de mayo de este año con la fatal persecución que culminó con la muerte de cuatro adolescentes en San Miguel del Monte. 

Como política de Estado, este accionar criminal antecede a Macri, Bullrich y Vidal. Bajo el gobierno de Felipe Solá murieron treinta y tres detenidos en la Masacre del penal de Magdalena en 2005. Un año después, desaparecía Julio López tras testificar contra quien fuera jefe de la Bonaerense durante la dictadura, el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz; el encubrimiento del caso fue tan grande que la causa nunca pasó de fojas cero, y Cristina Kirchner culminó sus ocho años de gobierno sin mencionar siquiera el nombre de Julio López. La misma modalidad de desaparición forzada sufrió Luciano Arruga, un pibe de barrio que se negó a robar para la policía.

Pero No fue un motín retrata, además de la pudredumbre policial, la lucha contra esta barbarie.

“En esta lucha, como se repite a lo largo de la historia de la humanidad en los momentos de crisis, las mujeres siempre se ponen al frente. Aunque las silencien, las oculten y tergiversen su participación fundacional de las sociedades. En este caso no es diferente: madres, novias, primas y abuelas son las que más agitan”, describe. 

En el capítulo final, Albani rescata las palabras de Emilia Vassalo -madre de Paly Alcorta, asesinado por la bonaerense en el 2013- al cumplirse 18 meses de la masacre de Pergamino: “el gatillo fácil y las muertes en contexto de encierro ocurren a lo largo y ancho del país, y en el mundo. La represión existe a nivel mundial, mientras vivamos en un mundo capitalista, en una sociedad dividida en clases, donde haya ricos y pobres, esto va a seguir sucediendo”. 

Valga este libro como retrato de la lucha contra la impunidad y como alegato contra este régimen social de explotación.

¡Justicia por los 7! Cárcel común, perpetua y efectiva a los responsables políticos y materiales.