Ha sido encarcelado Julio Domínguez, un piquetero de General Mosconi, que revista en la nueva lista de siete órdenes de captura emitida por el juez Abel Cornejo. Casi al mismo tiempo, la Cámara Penal de Apelaciones de La Plata confirmó las detenciones de los integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), señalando a Roberto Martino, su dirigente, como “penalmente responsable”, y al resto de detenidos como “partícipes necesarios”, en causas por las que podrían ser condenados hasta con diez años de prisión. El nuevo detenido en Salta es acusado por portación de armas, sedición y asociación ilícita, completa una lista de 98 luchadores presos (diecisiete de Pocitos, cincuenta y siete del MTR Zona Sur, Raúl Castells, Emilio Alí y diecinueve rehenes en la Plaza del Aguante).

Se mantiene, entonces, la escalada represiva del gobierno de la Alianza y los gobernadores justicialistas. Está en curso el Plan Cabañas 2001, una operación militar extranjera en el norte de Salta y se prepara la constitución de un fuerza represiva única.

Deben ir en cana los funcionarios

Se acusa al grueso de los detenidos por “coacción agravada”, un delito “inventado” por la “democracia” (1984) que implica de 5 a 10 años de prisión efectiva. El delito se consuma cuando se reclama a cualquier funcionario público determinada conducta, lo que liquida el derecho de petición y manifestación.

Como la ley no describe con precisión las características de los actos que pueden ser caracterizados como “coacción”, el juez o tribunal disponen de un virtual cheque en blanco para tipificarlo.

Pero la detención de los compa“eros se dio en el marco de reclamos por atraso en los pagos de planes de empleo o incumplimiento de otras asignaciones prometidas. Fueron las autoridades las que incumplieron con sus deberes de funcionario público. No solamente no cumplieron con lo prometido sino que reprimieron a los trabajadores que habían ido a peticionar en cumplimiento de la ley. Son los gobernantes, no los piqueteros, los que han cometido un delito penal, en este caso incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Inmensa hipocresía

Todo esto adquiere su verdadera dimensión si se considera que los planes de empleo repartidos a lo largo y ancho del país no superan los 200.000, “beneficiando” con asignaciones de 120 y 160 pesos a sólo un cinco por ciento de los cuatro millones desocupados o con problemas de empleo.

La mesa de coordinación de la Asamblea Piquetera Nacional fijó el 7 de setiembre como nueva fecha para un festival nacional por la libertad de los presos, una tarea para que las horas cuentan. La misma Asamblea formó una Comisión Unica de Abogados defensores de presos y procesados que fijó una estrategia común y se colocó bajo la dirección política de esa Asamblea, que tiene planteado actuar más que nunca.