El 31 de enero se cumplen 8 años del secuestro, tortura, asesinato y posterior desaparición de Luciano Arruga, joven de 16 años que vivía en el barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador, La Matanza. En 2008, policías bonaerenses que operaban en el destacamento del barrio le ofrecieron robar para ellos en distintas zonas liberadas de esa parte de La Matanza. Como Luciano se negó, comenzaron las amenazas, la persecución y el hostigamiento. En septiembre de 2008 fue detenido y llevado al destacamento donde sufrió golpes y torturas. Por estos hechos fue juzgado y condenado el policía Julio Torales en mayo del 2015. 

 

El 31 de enero de 2009 Luciano fue detenido ilegalmente en la plaza de la 12 de Octubre. Fue llevado -por lo menos- al Destacamento y a la comisaría 8va y fue torturado en ambos lugares. Horas después cruzaba corriendo descalzo la Avenida General Paz a la altura de Mosconi y era atropellado por un automovilista, que luego declararía que “se cruzó corriendo como escapando de algo”. También, varios testigos declararon haber visto esa madrugada -en el lugar- patrulleros con las luces apagadas. Luciano murió a las 8 de la mañana de ese primer día de febrero en el hospital Santojani, adonde fue trasladado luego del “accidente”, mientras su familia lo buscaba por comisarías y hospitales de la zona. Fueron – por supuesto- al Santojani, donde les dijeron que no había nadie con la descripción de Luciano. 

 

Lo encontramos luchando

 

La búsqueda de Luciano se extendería por 5 años, organizada por sus familiares y amigos, acompañados por las organizaciones sociales y partidos de izquierda. La presidenta del “gobierno de los derechos humanos”, Cristina Fernández de Kirchner, nunca recibió a la familia ni impulsó el esclarecimiento del caso. El gobernador Daniel Scioli, lejos de tomar el reclamo, se dedicó a reforzar a la Bonaerense y a todo el aparato represivo de la provincia, a través de la creación de policías locales. El entonces intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, tampoco movió un dedo por la causa. La actual intendenta Verónica Magario continúa en esta línea. Mientras, la justicia espiaba y responsabilizaba a la familia, y los medios de comunicación masivos ocultaban la noticia. Hasta que en octubre de 2014, luego de 5 años y 8 meses de búsqueda, el cuerpo de Luciano apareció enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Quedó así al descubierto la enorme estructura de impunidad que rodea a los crímenes del aparato represivo, donde participaron todas las instancias estatales imaginadas: policía, fiscales, jueces, médicos y funcionarios públicos. 

 

Pero a dos años y tres meses de la aparición del cuerpo de Luciano la causa está paralizada. No hay imputados y los 8 policías que estaban siendo investigados por el hecho fueron restablecidos en sus puestos, luego de que fueron pasados a disponibilidad un tiempo. Es claro que se ha levantado un cerco que pretende dejar impune el crimen de Luciano, porque de ir a fondo con la investigación del mismo caerían no solo los responsables materiales, sino también los intelectuales y los políticos. Los mismos permitieron la realización de las torturas que terminaron en la muerte de un menor de edad, en una casa alquilada por el municipio para que funcionara como Destacamento (la cual estaba inhabilitada para recibir detenidos). Luego dispusieron de todos los recursos humanos y materiales del Estado para encubrir el hecho. 

 

Baja de la edad: impostura e impunidad

 

El caso de Luciano se ha convertido en el caso testigo a la hora de hablar de zonas liberadas para el delito, lo que demuestra que la “inseguridad” es organizada desde las propias instancias policiales, no solo protegiendo a los delincuentes, sino también reclutando a menores para cometer esos delitos, aprovechándose de manera miserable de las condiciones de vida terribles a las que someten a nuestra juventud en los barrios. No solo el hurto y el robo, sino que también entran la trata y el narcotráfico. Las cajas paralelas que esto genera se la reparten entre policías, jueces, fiscales, funcionarios e intendentes. Esclarecer el caso Luciano Arruga sería esclarecer esta trama. Además de que echaría por tierra la “necesidad” de más policía en los barrios. Eso explica la absoluta parálisis de la causa, las amenazas a la familia, los intentos de cooptación y la indiferencia de los medios. 

 

El octavo aniversario de la desaparición de Luciano se da en el medio de un reavivamiento del debate por la baja de la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años, en el marco del crimen de Brian Anganaco en el barrio de Flores de 14 años cometido por otro nene de su misma edad. 

 

La rebaja de la edad de imputabilidad es empleada como cortina de humo por parte de un régimen que quiere disimular la responsabilidad del aparato policial en la organización del delito. A su vez, los planteos de reforzamiento policial apuntan a amedrantar a la población para poder hacer pasar el ajuste de Macri y los gobernadores. Debemos oponerle la denuncia y la organización para frenar los abusos.

 

A ocho años de la desaparición, tortura y asesinato de Luciano repetimos: 

 

Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando

Justicia por Luciano Arruga

Juicio y castigo a todos los responsables materiales, intelectuales y políticos

Fuera la intimidación policial de nuestros barrios