José Luis García, ex jefe de pagos en Ugofe -empresa que administraba el ferrocarril Roca- y testigo en el juicio que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra (a raíz de sus denuncias sobre desvíos de fondos estatales), salió de su casa para ir al trabajo como todos los días. "Al cerrar la puerta del edificio se me acercó un muchacho, de unos 30 años, que andaba en bicicleta y tenía un bolso. 'Tengo un sobre para José Luis García', dijo. Le dije que era yo y lo tomé. El muchacho, morocho y con una coleta, se fue en su bici. En un primer momento me pareció una casualidad que justo estuviera el cartero con el sobre dirigido a mí. Pero después vi que el sobre sólo tenía inscripto mi nombre, sin dirección ni nada. Lo abrí y ahí encontré los dos papeles". García se refiere a una nota escrita en Word y a la impresión de una nota aparecida en plazademayo.com: "José García, jefe de pagos. Seguimos con boludeses (sic) Antonio está recaliente y otra vez te deja sin laburo a fin de mes, ya dio la orden, forro, fijate quien te ayuda ahora. Cortala con todo y no hables más porque en agosto salen José y el Gallego y se te va a poner espesa la sopa por buchón. Entendes ¿no?".

Además de este mensaje, en el sobre se adjuntaba una impresión de la nota "Los sueldos ferroviarios que se desvanecen", publicada el 7 de junio, en la que se da cuenta de la declaración de García en la fiscalía de investigaciones 19 de esta capital -en la que se registraron como pruebas de su denuncia de desvíos de fondos el recibo de sueldo que el ex jefe de pagos recibía y un mail de un superior suyo admitiendo irregularidades en los pagos. El responsable de los desvíos de fondos sería Antonio Guillermo Luna, actual subsecretario de Transporte y miembro del sindicato La Fraternidad, definido como "un par" por José Pedraza, preso por el crimen de Ferreyra. No es la primera amenaza que recibe García.

La investigación del caso Mariano Ferreyra cuenta con una larga serie de aprietes a diversos testigos e, incluso, a la ex fiscal del caso, la actual funcionaria del ministerio de seguridad Cristina Camaño. Una Ford Eco negra con vidrios polarizados esperaba a la fiscal a la salida de una jornada de trabajo nocturna, luego de que un hombre hubiera traspasado la seguridad del edificio donde se encontraba su Fiscalía. A partir de ese momento, Camaño contó con seguridad policial permanente. Por esos días, y sin que se hubiera dado difusión a la amenaza a la fiscal, una Ford Eco negra con vidrios polarizados cruzó al auto que manejaba García camino a su trabajo, al bajar de la autopista que va a Ezeiza. García pensó que le iban a robar su movilidad y le entregó las llaves a los hombres que habían bajado de la cuatro por cuatro. "No queremos el auto. Sólo te queremos decir que la cortes con el tema del ferrocarril", le dijeron -según consta en la denuncia radicada en la Fiscalía de Ezeiza. Los hombres tomaron las llaves del auto de García, las tiraron a un descampado, uno de ellos golpeó el techo del auto y partieron. Un testigo de identidad reservada, trasladado de su domicilio, denunció que unos hombres lo ubicaron y le demandaron que cambiara la declaración que implica a Pablo Díaz como jefe de la patota que asesinó a Ferreyra. La periodista Gabriela Carchak -presente durante los acontecimientos del 20 de octubre de 2010 y responsable de las filmaciones de C5N que obran como pruebas en la causa- fue interpelada por una mujer que le dijo que no perjudicara a un familiar suyo ferroviario. El mensaje le fue transmitido mientras cumplía su trabajo: Carchak no es una mujer de imagen pública. En noviembre del año pasado, el testigo de la causa José Sotelo denunció que fue secuestrado por desconocidos, golpeado y que le fue exigido cambiar su declaración, que implica a miembros de la patota.

El 6 de agosto comienza el juicio oral y público que señalará la responsabilidad de los miembros de la patota que atacaron, el 20 de octubre de 2010, a los ferroviarios tercerizados y en un hecho que le costó la vida a Mariano Ferreyra y graves heridas a Elsa Rodríguez, ambos militantes del Partido Obrero. También investigará el rol de la policía en la liberación de la zona para dejar actuar a la patota y el posterior borramiento de pruebas. Y dictaminará sobre la autoría intelectual del crimen, presuntamente ideado por José Pedraza y por Juan Carlos "El Gallego" Fernández -ambos presos a raíz de las fuertes sospechas que los implicarían en el asesinato. El enrarecimiento del clima previo al juicio podría ser una variante para intentar desviar el rumbo de la justicia. Una posibilidad que debe ser evitada a toda costa, con la protección de cada testigo de la causa. En estos momentos, José Luis García se encuentra radicando la denuncia por esta amenaza en la Unidad Fiscal de Investigaciones Número 5 de San Martín.