Carlos Galián, alias “Pedro Bolita”, es juzgado en la megacausa Esma por su participación dentro del centro clandestino donde su puesto era la de jefe de guardias.

En tal función participó de modo directo en los vuelos de la muerte llevando a los compañeros detenidos-desaparecidos a los que les tocaba ser arrojados desde aviones al mar. También, junto al prefecto Héctor Febres, arrebataba de los brazos de sus madres a los niños nacidos en cautiverio.

Galián adujo problemas de salud y la Justicia lo benefició con el instituto de la prisión domiciliaria. Sin embargo, como lo reveló un video de la agrupación H.I.J.O.S., Pedro Bolita viola sistemáticamente su “detención”: atiende un kiosco en Ciudadela, provincia de Buenos Aires. En dicho video se lo ve abriendo y cerrando el comercio, limpiando la vereda e interactuando con transeúntes como cualquier vecino del barrio.

Esta situación de incumplimiento de las prisiones domiciliarias es generalizada. En este mismo juicio, Jorge Luis Magnacco, el ginecólogo de la Esma, había salido de shopping luego de una audiencia. Aproximadamente el 30% de los genocidas tiene prisión domiciliaria.

Hace ya más de dos años, al inicio del juicio oral, nuestra querella solicitó se revocaran todas las prisiones domiciliarias. Nuestro planteo no fue acompañado ni por la querella del CELS ni por la Secretaría de Derechos Humanos. Al día de la fecha, el Tribunal Oral Federal N° 5 no resolvió la solicitud. Hoy insistimos con el planteo al constar la impunidad ambulatoria del genocida Bolita.

Así como la consecución de las pruebas para condenar a los militares dependieron exclusivamente de víctimas y organismos de derechos humanos, lo mismo ocurre con el cumplimiento de estas “prisiones domiciliarias”. El Estado, el mismo que no abre los archivos de la dictadura, al tiempo que negocia con los servicios de inteligencia vigilar a los luchadores, es incapaz de vigilar a los genocidas.

Con la nueva ley de inteligencia donde se dará aun más fuerza al coronel César Milani, jefe del Ejército acusado de delitos de lesa humanidad, se hace palpable que el interés nacional y popular tiene prioridades contrarias a la protección de las libertades democráticas.

Exigimos cárcel común. Perpetua y efectiva para todos los responsables.

Fuera Milani.