Panario no cometió ningún delito

El día 28 de junio, con una presencia de más de 100 activistas, se realizó una Mesa Debate “Contra la Represión”. Los abogados Mario Alvarez (General Roca), Gustavo Palmieri (Neuquén), Carlos Segovia (Cipolletti) y León Zimmerman (Correpi-Bs.As.) expusieron sobre la represión en las cárceles, el ‘gatillo fácil’ y sobre la situación de los compañeros Horacio Panario, Alcides Christiansen y Basilio Estrada, detenido en la fecha.


En el caso puntual de Panario, tanto en la exposición como a la hora del debate, fueron notorias las limitaciones de la defensa y la falta de perspectiva por parte de los organizadores. A instancias de compañeros de la Coordinadora de Desocupados, el abogado Palmieri, que actúa como defensor, reconoció que había apelado el delito de “coacción agravada” oponiendo en su lugar un delito de menor grado. Palmieri solicitó en esa oportunidad, como saliera en el diario Río Negro del 3/12/95, que la causa se modifique por la de “atentado y resistencia contra la autoridad”, e incluso en el caso de que la Cámara no hiciese lugar, se considere la “coacción” en grado de “tentativa”.


Ante la incomodidad que le causara la pregunta de si era correcto lo que decía el Río Negro, Palmieri agregó que cualquier abogado actúa de esa forma, es decir, ofrece un delito menor para lograr la libertad del imputado.


Quedó clara la coherencia del abogado con la política que apoya esta ‘defensa’. Tanto el Mas como el Mst se fueron de la Coordinadora de Desocupados considerando un error político la movilización del 2 de octubre (¡cuyas características ellos decidieron!) y, consecuente con esto, su abogado sale a admitir delitos a los verdaderos delincuentes. Ninguno de ellos se ha percatado todavía que desde el más pequeño al más grande de los delitos, los defensores parten de rechazar la acusación y sin ofrecer delitos alternativos piden la absolución del cliente. ¡Cuántos casos de asesinatos hemos visto en que el abogado pide la libertad argumentando que no hubo asesinato! Hasta los asesinos de lesa humanidad como Videla, Massera, Agosti, etc., no reconocieron nunca un delito.


En nombre de la Coordinadora de Desocupados se trató de echar luz sobre esta situación. Planteamos en primer lugar el acierto político de haber mantenido en pie la tarea de organizar a los desocupados y si bien es sobre esta política de organización y movilización de los propios trabajadores que están las verdaderas posibilidades de arrancar de la cárcel a los compañeros, tal cual se ha demostrado con la pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul, el aspecto legal no es un problema menor, pero tal como está la situación es necesario pegar un viraje y pasar a la ofensiva. El 2 de octubre no cometimos ningún delito. Los delincuentes están en el gobierno, responsables de la miseria y de la desocupación, responsables de la desnutrición infantil, responsables de no pagar el “subsidio”, responsables de despilfarrar los fondos públicos en favor de los empresarios. Hay que acusarlos a ellos de ‘coacción agravada’ por obligarnos a vivir el hambre y miseria que no queremos. Como propuesta concreta, planteamos que como la Ley no describe con precisión las características de los actos que puedan considerarse como “coacción”, denunciar ante los organismos internacionales y al Tribunal de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica la ilegalidad del artículo 149 del Código Penal, que como prueba de ser un cheque en blanco para que los tribunales lo utilicen en forma discrecional contra los trabajadores: a Panario se le aplica por instigador y a Christiansen porque su sola presencia es una amenaza. Así también dejamos planteada la necesidad de formar una Comisión Unica y Abierta de Abogados para defender la causa, ligando la represión del 2 de octubre con el intento fracasado de reprimir a los compañeros de Cutral Co y Plaza Huincul.


En este mismo sentido, el PO fue el único que planteó sacar un comunicado público exigiendo que se cierre la causa abierta en la pueblada.

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