La Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que asegura que los desparecidos durante la dictadura fueron 6348 y 952 los asesinados.

Asimismo, informa que,  entre el 12 de octubre de 1973 al 9 de diciembre de 1983 –lo que abarca el gobierno peronista y la dictadura militar–, la cifra de desaparecidos asciende a 7010 y las de víctimas de asesinato a 1561.

Los datos pertenecen al Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado y fueron difundidos a raíz de la presentación de la ONG “Ciudadanos Libres”. Su titular, José Magioncalda, en un inocultable apoyo a Darío Lopérfido, aseguró que "nosotros advertimos que hubo un funcionario que por opinar de determinada manera fue hostigado y hasta tuvo que renunciar, entonces creímos que si el Estado daba una cifra comprobada podíamos ayudar a que hubiera un respaldo técnico". Lopérfido había afirmado que la cifra de 30.000 desaparecidos “se arregló en una mesa para conseguir subsidios”. Repudiado, sus declaraciones le costaron el cargo de ministro de Cultura de la Ciudad, aunque continúa revistiendo como funcionario en el Teatro Colón.

El comunicado de la secretaría que ocupa Claudio Avruj también brilla por su perfidia. Afirma que “el número de personas desaparecidas continúa siendo a la fecha indeterminado” y señala que “establecer la real magnitud de los hechos investigados y sus víctimas no puede lograrse sin la información en poder de los presuntos perpetradores". Un ala del gobierno promueve un intercambio de “información por impunidad” con los genocidas, como ocurrió en la Sudáfrica post-apartheid. En ese operativo se inscriben las declaraciones de Lopérfido, las de Mauricio Macri –“No tengo idea si fueron 30.000 o 9.000”–; las editoriales del diario La Nación y las entrevistas del propio Avruj con los familiares de “víctimas del terrorismo”. La desclasificación (parcial) de los archivos norteamericanos y vaticanos sobre la dictadura argentina también fue ofrendada para la causa de la “reconciliación nacional”.

El objetivo último de esta relativización de los crímenes de la dictadura es habilitar el reingreso de las fuerzas armadas a las tareas de represión interior (algo que el kirchnerismo ensayó con la designación de Milani, el despliegue militar en las fronteras para “combatir al narcotráfico” y la presencia del Ejército en tareas de “asistencia social”).

El número de 30 mil desaparecidos, sostenido por los organismos de derechos humanos, surgen de la cantidad de habeas corpus presentados en la Justicia, el registro de 900 de campos de exterminio y la participación de una fuerza de 150 mil hombres en la represión; del testimonio de un sobreviviente que accedió a registros militares que informaban de 5.000 desaparecidos solamente en la ESMA; y un informe del Batallón 601 de Inteligencia, desclasificado por los Estados Unidos una década atrás, que reportaba “22.000 entre muertos y desaparecidos” .

Sigue planteada la lucha por la apertura de los archivos de la dictadura, el juicio y castigo a los genocidas y la consigna histórica de las organizaciones populares: 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, presentes.

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