La defensa de José Pedraza presentó un recurso extraordinario para que la Cámara Federal de Casación Penal habilite que el expediente llegue a la Corte Suprema con la intención de que se analice el pedido de prisión domiciliaria de su defendido, quien continúa cumpliendo la condena a 15 años de prisión por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra en el penal de Ezeiza.

 

En diciembre del año anterior Casación ya había rechazado el pedido de Pedraza, de 71 años, de continuar su detención en su domicilio por sus problemas de salud.

 

Si bien el Código Penal otorga a los mayores de 70 años el derecho de solicitar la prisión domiciliaria, lo limita a aquellos casos en que las condiciones de salud impliquen realmente un “riesgo de vida” y no se pueda brindar la asistencia médica necesaria en el centro de detención.

 

Los informes médicos señalan que ninguna de las dolencias que afectan a Pedraza requieren ser tratadas fuera del Penal ya que el mismo cuenta con los medios para su atención. En ese sentido dictaminaron los jueces de Casación Ana María Figueroa y Juan Carlos Gemignani, al rechazar el pedido de prisión domiciliaria.

 

Sin embargo, el fallo no fue unánime ya que la jueza Liliana Catucci se pronunció en disidencia. Catucci afirma que Pedraza tiene “un alto riesgo de vida” y que no serían suficientes los recursos con los que cuenta la cárcel de Ezeiza para atenderlo, contrariando el resultado de todas las pericias.

 

El pedido de Pedraza a la Corte Suprema llegaría en un momento oportuno. En un viraje de los criterios sostenidos por el máximo tribunal, en septiembre del 2014 la Corte Suprema dejó firme la detención domiciliaria del represor Roque Italo Pappalardo. En esa oportunidad, Lorenzetti, Maqueda, Highton y Petracchi ratificaron la detención en su casa del represor Roque Pappalardo por supuestos problemas de salud. No tuvieron en cuenta los informes penitenciarios que aseguraban que en la cárcel tienen lo necesario para atenderlo. Hasta este antecedente, en la mayoría de los casos, la Corte rechazaba intervenir en estos planteos, y quedaba firme la decisión adoptada por la Cámara.

 

Los informes médicos desmienten las pretensiones “humanitarias” de los defensores de Pedraza. Lo que buscan es su impunidad, garantizando su retiro en el millonario piso de Puerto Madero que adquirió desfalcando los aportes de los afiliados a la Unión Ferroviaria y explotando a los trabajadores tercerizados de su gremio.